Cerca de 245 familias obtendrían las escrituras de sus viviendas a través de la Ley Especial para la legalización de los inmuebles adjudicados vía judicial al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra de la Asociación Salvadoreña de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES).
El dictamen fue aprobado en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
Las familias fueron víctimas de estafas desde 1998, año en el que la lotificadora PROCADES cometió fraude en contra de las que habían pagado su terreno a través del programa de créditos de FONAVIPO, pues las lotificaciones ya tenían propietarios.
FONAVIPO fue a juicio en este caso y se le adjudicaron como pago $5.3 millones por lo estafado a las familias en inmuebles propiedad de la asociación PROCADES, sin embargo, para que la institución gubernamental pudiera donar los inmuebles a las familias afectadas debía aprobarse un decreto en la Asamblea Legislativa, pero en 2018 solo fueron favorecidas 60 familias.
La Ministra de Vivienda, Michelle Sol, asistió a la comisión para solicitar el decreto, donde aseguró que la Asociación vendió las casas a estas familias, pero nunca se las entregó, «solo se trató de una estafa».
Las lotificaciones se ubican en municipios del país como Tecoluca, San Vicente; San Pablo Tacachico, La Libertad; Puerto El Triunfo, Usulután; Ilopango y Ayutuxtepeque, San Salvador.
