Vigilantes denuncian coacción de empresas de seguridad para participar en marchas del 17 octubre

Imagen de referencia.
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Por: Redacción YSKL

Un grupo de sindicatos que aglutina a vigilantes de seguridad privada, se concentró este jueves en las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, para exigir a las autoridades judiciales, medidas más severas contra los empresarios del rubro, por supuestas arbitrariedades.

El irrespeto del patrono, malas condiciones laborales, descuentos salariales y el acoso para participar en marchas contra el Gobierno, son algunas de las denuncias que manifestaron los trabajadores.

Según dijeron, las sociedades agremiadas a la Unidad de Empresas Privadas de Vigilancia Privada, con sus siglas UNAPS, estarían obligándolos a participar en la marcha convocada para el 17 de octubre, bajo amenazas de ser despedidos.

“Son empresarios que han ido amenazando con despidos si no accedíamos a marchar en contra del Gobierno. Hoy lo quieren hacer, ocultando el montón de casos violaciones a derechos del trabajador, hay gente que no aumentó el salario mínimo, y hay otros que están explotando al trabajador”, aseguró Walter Aguirre, representante de la Federación de Sindicatos del Sector Privado, FUES.

Los manifestantes pidieron a los trabajadores de otros rubros no dejarse coaccionar por las patronales. Al Ministerio de Trabajo que despliegue inspecciones para verificar sus denuncias y además, exigen elevar las multas por transgredir la ley.

En la Asamblea Legislativa ya se discuten un pliego de reformas, para regular los horarios de las jornadas laborales de los agentes de seguridad, además un bono de compensación por sobrepasar las 24 horas. La propuesta va encaminada a crear cuatro horarios de trabajo para que los empleados del rubro tengan más tiempo libre y de calidad con su familia.  Uno de ocho horas, otro, de 12 horas con descansos de 24 horas; el de 24 horas de trabajo y 48 de descanso y el último, de 24 horas con descansos de 24 horas.

Además, se plantean multas de $5,000 a $14,000 contra las empresas de seguridad que no cumplan con las disposiciones legales.