Roberto Rubio, excomisionado de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), desde el periodo presidencial de Armando Calderón Sol al de Elías Antonio Saca, fue cuestionado por los diputados de la Comisión Especial que investiga la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores, y señalaron su contratación como «ilegal».
Rubio, también Director de la Fundación Nacional de Desarrollo (FUNDE), declaró que en 1997 fue llamado para conformar dicha comisión y fue nombrado en 1998 con un decreto ejecutivo, su contrato era bajo servicios profesionales, por lo que aseguró que no estaba en planilla, ni el Ley de Salarios.
Por sus servicios recibía $2,300 mensuales.
Los diputados cuestionaron que no se configurara como funcionario o empleado público, por lo que no tuvo que rendir informe a la Sección de Probidad sobre los fondos recibidos. El interrogatorio se basó sobretodo en su periodo en la presidencia de Saca.
«No eran empleados públicos ni funcionarios, estaba en el decreto del presidente y no era empleado publico», sostuvo Rubio.
El excomisionado destacó que los pagos los recibía a través de cheques, de los que firmaba un recibo, a través del encargado de contabilidad de la Comisión, que se entendía con la Secretaría Técnica de la Presidencia.
Los legisladores mostraron un video de la anterior participación en la misma comisión especial por el exmandatario Saca y su exsecretario privado, Elmer Charlaix, donde ambos afirmaron que se pagaron a los comisionados con la Partida Secreta los «estipendios» o «sobresueldos».
«No sabía que venían de la partida secreta, suponíamos que porque hay un presupuesto (era el origen de los fondos), si salía de otro lado era de preguntarle a ellos», respondió.
El presidente de la comisión, Jorge Castro, expuso que el tipo de contratación «no fue legal», pues al ser consultor, debió pasar bajo el procedimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) a partir de 2000; el legislador también cuestionó que tuviera otro trabajo en FUNDE mientras era comisionado.
«Tuvo que haber sido funcionario y no consultor bajo nombramiento. Existe irregularidad, el origen venia de la partida secreta», acompañó la diputada Marcela Pineda.
«Siendo FUNDE habla de transparencia, no quiso conocer de donde venían (los pagos)», preguntó Rebeca Santos.
«Uno parte de que son correctos. Quien tiene la responsabilidad de hacer las cosas es el Estado, yo confió que él lo hace, se supone que es legal […] Culpa de el, pregúntele por que lo hicieron así», dijo Rubio.
