Por: Redacción YSKL
Este viernes, 15 organizaciones aglutinadas en la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, sentaron postura sobre su trabajo, en el marco del Día Nacional de la Defensora y Defensor de Derechos Humanos.
Según dijeron, el panorama vislumbra un “contexto hostil”, por parte de funcionarios de instituciones gubernamentales que han incurrido en atacar la promoción de actividades, cerrando los espacios y poniendo en riesgo a los defensores.
“En los últimos años se ha experimentado un incremento en los ataques provenientes de los agentes del Estado, persecución y hostigamiento de personas que promueven actividades de derechos humanos. Los funcionarios han utilizado su posición y recursos para difamar a organizaciones lo que se traduce en una campaña de persecución y descrédito”, aseveró Amalia López.
La Mesa da cuenta de 6 casos de agresión contra defensores, estos son: Descrédito, criminalización, restricción al ejercicio periodístico, intimidación, bloqueo en acceso a información pública y restricción del derecho a la protesta social pacífica.
Ante un posible escenario de criminalización y acoso contra este sector, Loyda Robles, representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), recordó que desde el 2018 la Asamblea Legislativa tiene en sus manos un anteproyecto de ley que garantice el reconocimiento de los defensores y su labor.
“Junto a otras iniciativas la actual Asamblea Legislativa que cuenta con mayoría oficialista, decide mandar a archivo sin un análisis previo y sin un proceso participativo con las organizaciones de derechos humanos, pedimos que saquen del archivo la propuesta. Esa ley establece un respeto a la labor porque en la práctica vemos todo lo contrario, agresiones, bloqueos y estigmatización, pareciera que el intento es menoscabar el trabajo para suprimir las voces disonantes”, mencionó.
Alejandra Burgos de la Colectiva Feminista señaló que la propuesta de ley no busca “generar derechos especiales” para algún grupo poblacional, sino contar con protección legal para quienes alzan la voz sobre temas de interés para la sociedad, como el agua, desaparecidos, feminicidios, violencia de género y derechos LGBTI.
“Independientemente los derechos que sea, lo que vemos es una suerte de obstaculización, un discurso amplio y hostil contra los que defienden derechos humanos, esto no caracteriza una sociedad democrática, donde se respete la libertad de expresión y de asociación”, explicó la líder social.
Datos preliminares de la red salvadoreña de defensoras de derechos humanos, han documentado 53 agresiones contra mujeres, entre enero a septiembre del 2021.
