Organizaciones y juntas de agua denunciaron que la propuesta de Gobierno de Ley de Agentes Extranjeros podría perjudicar el abastecimiento de agua a comunidades, puesto que dependen de cooperación internacional para el sistema.
El Foro del Agua llevó a cabo una conferencia en la que expuso que más de 2,500 juntas de agua reciben fondos del exterior y que el nuevo impuesto impactará a su funcionamiento.
La Ley de Agentes Extranjeros plantea un impuesto de 40% a los ingresos que reciben organizaciones desde el exterior, pero prohibiendo la «injerencia» en el país.
El Ministerio de Gobernación creará un “Registro de Agentes Extranjeros (RAE), que podrá imponer requisitos de inscripción, aprobar o denegar e incluso solicitar la ampliación de información de las organizaciones interesadas en apoyar a entidades salvadoreñas.
“Nos preocupa que el Estado Salvadoreño no invierte en estos sistemas comunitarios, y además, recorte el 40% a cada transacción proveniente de cooperación internacional; reduciendo así la capacidad de sostenibilidad de estos sistemas”, señalaron los representantes de las organizaciones.
También destacaron que, tras estudiar la propuesta que ya ha sido respaldada por diputados de Nuevas Ideas, lo que el Estado intenta es «estigmatizar, descalificar y discriminar las exigencias que realizan los diversos colectivos, como la demanda de agua limpia, defensa de sustentabilidad y vida digna».
La ayuda externa para el abastecimiento del agua bajo juntas de agua lleva 35 años.
«Existen más de 560,000 personas en la zona rural que no tienen acceso al agua potable y que hasta hoy, la gestión de fondos internacionales que realizan las ONG es lo único que tienen», sostienen.
Las juntas de agua exigen retirar de estudio la Ley de Agentes Extranjeros.
El problema del abastecimiento de agua también podría crecer con el cierre del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISL) y la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios (FODES), que ya fueron aprobados en la Asamblea Legislativa; así como la falta de inclusión de inversión de sistemas comunitarios en los presupuestos anuales de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y al Ministerio de Desarrollo Local.
