Por: Redacción YSKL
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en los Estados Unidos condenaron enérgicamente la Ley de Agentes Extranjeros, presentada por el Gobierno y cuya aprobación aún está pendiente en la Asamblea Legislativa.
“El proyecto de ley es un paso más del presidente Bukele para silenciar a los críticos, restringir la libertad de expresión y criminalizar los medios independientes y los grupos de derechos humanos”, sentenciaron las OSC en un pronunciamiento conjunto el jueves 18 de noviembre.
Según lo expresaron, si la ley se llegara a promulgar, el gobierno tendrá “amplios poderes discrecionales”, para excluir a cualquier organismo que desempeñe actividades políticas.
Además, aseguraron que viola las obligaciones del tratado internacional de El Salvador en virtud del Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos Derechos) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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“La ley propuesta es la última de varias medidas del presidente para silenciar y acosar a los medios independientes, organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones sin fines de lucro”, criticaron.
La legislación prevé que toda aquella sociedad u organización no gubernamental cuya finalidad no sea humanitaria o social, será obligada a registrarse ante el Ministerio de Gobernación so pena de retirárseles las credenciales y, de realizar actos contra el orden público o la soberanía nacional, pagarán multas que ascienden a $ 150,000.
Además, cualquier pago o donativo del extranjero será gravado con un impuesto del 40%. “Una regla que no tiene precedentes a nivel mundial”, estimaron.
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“Si bien están excluidas de la ley las misiones diplomáticas, las organizaciones que fomentan la inversión extranjera, agencias de ayuda humanitaria o grupos estrictamente religiosos, académicos o de carácter científico, la vaguedad de la ley y la discreción que otorga al Ministerio del Interior (Gobernación) dificultarán a los grupos de la sociedad civil […] Con el pretexto de promover la transparencia, el proyecto de ley se dirige a organizaciones que han sido críticas con el gobierno y que han defendido el estado de derecho, la independencia judicial, la libertad de prensa, derechos y medidas anticorrupción”, señalan.
El 15 de septiembre, el Presidente Bukele acusó públicamente a la comunidad internacional de financiar entidades críticas de sus acciones y de financiar manifestaciones contra sus políticas.
Los colectivos de instituciones instaron a la Asamblea Legislativa a retirar la ley que, “estigmatiza y limita el trabajo de organizaciones legítimas sin fines de lucro”.
También hicieron el llamado a la administración de Biden y al Congreso estadounidense para ejercer su influencia en el Gobierno salvadoreño para revertir la iniciativa.
Las OSC que firmaron el pronunciamiento son: Centro de Estudios sobre Género y Refugiados de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Hastings; Fundación para el Debido Proceso; la Oficina de Washington para América Latina; la Red de Líderes Religiosos de Chicago en América Latina; Instituto de Estudios Políticos; Justice in Motion; Grupo de Trabajo de América Latina; y el Comité de Servicio Unitario Universalista.
