Demoras en diligencias y recepción de denuncias: CIDH recibió quejas del actuar de la PNC y FGR en casos de desaparecidos

Foto: LPG.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer el informe «Situación de Derechos Humanos en El Salvador», tras una visita al país, mismo en el que se retoma el fenómeno de desaparecidos.

Entre 2018 y 2019 se contabilizaba un promedio de 10 personas desaparecidas por día, bajo reportes de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Ministerio Público registró 3,289 desapariciones en 2018; en 2019 las denuncias fueron 3,030.

En 2020, año marcado por la pandemia de COVID-19 y bajo medidas sanitarias como la cuarentena nacional por cerca de 4 meses, la Fiscalía reportó 1,630 personas desaparecidas; el Ministerio de Seguridad indicó que el número de desapariciones mantendría una tendencia a la baja ese año.

Las quejas

Las quejas fueron presentadas por víctimas ante la CIDH sobre el actuar de las autoridades al denunciar las desapariciones de familiares, particularmente de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía.

«Estas indicaron que no son atendidas cuando tratan de presentar una denuncia. También suele haber demoras en los procesos de investigación cuando se trata de diligencias en las que las primeras horas son determinantes», indica el informe.

Además, los familiares destacaron a la Comisión que son ellos quienes deben presentar pistas del paradero de las víctimas para que los casos no se den por cerrados.

«Una madre de un joven desaparecido indicó a la CIDH: nos mandan a nosotros a buscar a nuestros hijos y no podemos porque es peligroso», agrega el documento.

Las recomendaciones

Una de las recomendaciones de la Comisión es no dilatar una «investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles, y orientada a la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y eventual castigo de los autores».

«La CIDH recuerda además que la falta de diligencia del Estado propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Es por ello que las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares tienen el derecho a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido a través de una investigación efectiva, el procesamiento de los responsables de los ilícitos, la imposición de las sanciones pertinentes y la indemnización de los daños y perjuicios que hubieren sufrido los familiares», agrega.

Puede leer el informe completo aquí.