Por: Redacción YSKL
Tras una apelación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), la Cámara Tercero de lo Penal de San Salvador revirtió las medidas alternas a la detención que se habían decretado en favor de 21 ex funcionarios policiales y penitenciarios acusados de desviar fondos de las tiendas de los Centros Penales entre 2014 y 2019.
Las autoridades los acusan de Peculado, Lavado de Dinero, Cohecho Impropio, Falsedad Documental Agravada, Actos Arbitrarios e Incumplimiento de Deberes.
En este caso figuran como imputados: Mauricio Ramírez Landaverde, ex Ministro de Justicia y Seguridad, en el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén; Marco Tulio Lima Molina, ex Director de Centros Penales; Raúl Antonio López, ex Viceministro de Seguridad; José Roberto Nochez Melara, Sergio Ernesto Chicas Mejía, Luis Alonso Barrera Peñate, Orlando Elías Molina Ríos, Ramón Fernando Roque Mártir y José Luis Hércules Avalos, todos pertenecientes a diversas dependencias del Ministerio y Centros Penales.
Otras 12 personas están siendo procesadas en calidad de ausentes: Flor de María Hernán Alfaro, Julio César Marinero Villalta, Carlos Orlando Fernández, Daniel Antonio Saget Menjívar, José Neftaly Batres Serpas, Udiel Dagoberto Rivas Campos, Juan José Blanco Reyes, Cruz Roberto Guzmán, Heriberto Alcides Gómez, Héctor José Argumedo, Virginia Lilian Chevez Ayala y Juan José Rivas.
«Yo lo podría calificar como una flatulencia jurídica»: Defensa de ex funcionarios de Seguridad, PNC y Centros Penales, acusados de irregularidades en tiendas penitenciarias
El 15 de septiembre el Juzgado Sexto de Paz decretó medidas sustitutivas a la detención, debido a que los imputados “mostraron arraigo” y contaban con “pruebas” que determinaban que no iban a huir del proceso.
Sin embargo, la Cámara aceptó los argumentos de la FGR de que los imputados, siendo aún empleados en el Ministerio y en la Policía, podrían obstaculizar la investigación y podrían aprovechar ese conocimiento para escapar. “No genera certeza sobre el sometimiento de los referidos imputados a futuras convocatorias”, se lee en la resolución del tribunal. Por tanto, se ordenó al Juzgado Segundo de Instrucción girar las órdenes de captura.
En el caso de Raúl López, ya que presenta un cuadro de salud grave y certificado en dictamen pericial, la Cámara dejó a consideración de la Fiscalía si continúa con las medidas alternas.
El Ministerio Público asegura que los acusados, desviaron $14 millones en ganancias de las tiendas penitenciaria, por medio de una entidad denominada Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). Los mencionados habrían realizado movimientos sospechosos de los fondos por medio de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Para llevar a cabo esta acción, supuestamente administraban las compras de Centros Penales bajo ninguna regulación y sin aplicar a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, además utilizaron los fondos de la entidad para fines distintos a los estipulados por ley.
