Por: Redacción YSKL
Entre el 1 de enero hasta el 14 de noviembre del 2021, el Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), ha reportado 214 casos de agresiones contra comunicadores.
La cifra superó exponencialmente la cantidad registrada en el 2020, que fue de 125. «Esto ya es una escalada de un conjunto de agresiones que se están naturalizando. Está más que superada», aseveró este miércoles, Susana Peñate, directiva de la APES.
Según la gremial, las principales agresiones están relacionadas con restricciones al ejercicio periodístico, por parte del funcionariado público: 98 denuncias en total se han contabilizado. El resto corresponde a intimidaciones; acoso digital, que incluye amenazas físicas, verbales y en el caso de mujeres, expresiones misóginas a través de redes digitales; asimismo, declaraciones estigmatizantes.
«Estas intimidaciones lo que buscan es evitar que se informen hechos que están pasando, esto se da en la calle, cuando se están haciendo coberturas de hechos que la prensa transmite hacia la ciudadanía (…) muchas veces, funcionarios o miembros de partidos políticos tratan de desacreditar la acción desde el periodismo, es interesante que las investigaciones de hechos de corrupción no se desvirtúan, sino que se dedican a atacar al periodista o al medio de comunicación que difundió la noticia», explicó la directiva.
La APES recoge que las instituciones gubernamentales están restringiendo el acceso a información oficiosa de su trabajo. Las fuerzas de seguridad; titulares de ministerios y autónomas; simpatizantes de partidos políticos, Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia, se les adjudican las restricciones al ejercicio periodístico.
«Es necesario que la población sepa qué está pasando en su país y cuáles son las decisiones que les puede afectar», enfatizó Peñate.
Por otro lado, la Relatoría de Libertad de Expresión de la APES, también está conociendo un caso de amenaza directa contra un miembro de la prensa, por parte de un agente del Estado.
Serafín Valencia, director de esta oficina reveló este caso, durante una conferencia de la Mesa de Protección a Periodistas. En ese sentido, no descartó que esta sea una represalia por informar sobre hechos de corrupción desde la administración pública, «eso me lleva a la siguiente conclusión: el Gobierno está cada vez socando la cuerda para ahogar el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Adónde vamos a llegar? Es difícil predecir eso, pero la intención parece ser ahogar estos derechos».
