“Ponemos la denuncia ante la FGR, sabiendo que probablemente no hagan nada”: APES exige investigación por vulneración de dispositivos y hackeo de grupos de WhatsApp

Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, agotarán las instancias legales para descubrir a los autores del hackeo y espionaje de dispositivos de periodistas, activistas y organizaciones civiles. Foto: Cortesía.
Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, agotarán las instancias legales para descubrir a los autores del hackeo y espionaje de dispositivos de periodistas, activistas y organizaciones civiles. Foto: Cortesía.

Por: Redacción YSKL

Luego de que la Universidad de Toronto certificara el espionaje e intervención de celulares de periodistas de El Salvador por parte del software Pegasus, cuya compañía creadora NSO Group ha insistido en que es contratado por Gobiernos, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), señaló que el hecho constituye en una agresión a la libertad de expresión y vulneración a la privacidad de los miembros de la prensa.

César Fagoaga presidente de la gremial, externó también su preocupación por los hackeos a cuentas de grupos y cuentas personales de WhatsApp, que sucedió apenas unos días después que periodistas de El Faro publicaran un artículo en donde revelaban el espionaje a 22 de sus miembros.

“El miércoles 12 de enero como APES nos referimos a los casos de espionajes de Pegasus […] después de eso el martes 11 de enero comenzamos a ver que la cuenta de WhatsApp de monitoreo de APES, la habían hackeado y estaban enviando hasta mensajes pornográficos, raíz de eso se comenzó a recibir denuncias de periodistas que se les vulneraron sus cuentas”; detalló.

Según el dirigente “estamos ante un caso grave de vulneración”; hasta el día de hoy se tiene el dato de 10 periodistas que les han robado su cuenta de WhatsApp, aseveró en la entrevista Frente a Frente.

En dicho relató que la empresa META, propietaria de WhatsApp, se puso en contacto con la Asociación y les ayudó a recuperar la cuenta y les confirmaron que, efectivamente, había sido vulnerada.  “META nos dijo ‘tu cuenta ya no está tomada por criminales y ya la puedes utilizar después de 7 días, porque no tiene la verificación de dos pasos’.

El representante de APES, manifestó, que la vulneración de cuentas es un delito, por eso acudieron la semana pasada ante la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer la denuncia.

“No, somos ingenuos, ponemos la denuncia ante la FGR, sabiendo que probablemente no hagan nada, porque los intereses de la Fiscalía responden a Casa Presidencial; no veo a un Fiscal armándose de valor y diciendo: ’voy a respetar a la Constitución, para hacer mi trabajo, un trabajo de forma independiente’. Y decir: ‘¡voy investigar de donde viene!’. Quizás, investiguen el caso de hackeo, no lo sabemos. Pero el caso de Pegasus, donde todo apunta a que el espionaje viene de parte de la actual administración, yo, no veo al señor Rodolfo Delgado haciendo eso. Todavía creemos en la institucionalidad”, menciono.  

Para Nelson Rauda, directivo de la APES, no cualquier entidad puede hacer uso de Pegasus, “es gente que tiene una gran capacidad técnica; y en el caso de WhatsApp es una intervención ilegal, aún estamos protegidos por la Constitución vigente, que dice que la correspondencia de todo tipo es inviolable”.

Sobre el caso de Pegasus, infirió que el Estado salvadoreño podría estar detrás de su uso: “Primero, NSO Group, dice que solo le venden a Estados. Segundo, es una operación que implica millones de dólares; y tercero, ha sido dirigido a periodistas. Entonces tienes que sospechar de un actor que sea un Estado, que tenga millones de dólares y que tenga una obsesión de perseguir periodistas”.

Según el peritaje técnico que hizo la organización The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, Canadá, detectaron en tiempo real que, en uno de los dispositivos, estaba siendo intervenido en ese preciso momento y por geolocalización, el punto de convergencia daba como referencia El Salvador.

“Para que, un teléfono sea intervenido, tendría que haber una orden judicial, no puede ser cualquiera, solo se hace cuando haya sospecha de que puede haber el cometimiento de un ilícito penal. Por lo que se está a una violación grave de la Libertad de Expresión y una criminalización grave del ejercicio periodístico”, destacó Rauda.

Los periodistas piden que el Ministerio Público emprenda una investigación seria, aunque creen que no hay voluntad institucional para que eso ocurra.