Por: Redacción YSKL
La Mesa contra la Impunidad de El Salvador se pronunció por la negación de los Acuerdos de Paz y los ataques públicos contra defensores y organizaciones de derechos humanos. El equipo considera que dichas acciones agravian a las víctimas del conflicto armado y perpetúa la impunidad de los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron entre 1980 y 1992.
En ese sentido, rechazaron el discurso, que calificaron como “desprestigiante”, por parte del Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, y que busca, instrumentalizar la memoria de las víctimas para atacar a adversarios políticos.
Irene Gómez, de Cristosal, una organización que pertenece a la Mesa, señaló que ambos poderes de Estado manejan la tónica de la “manipulación propagandística”, que le da paso a mermar el significado que tiene la firma de los Acuerdos de Paz.
La defensora de derechos humanos sostuvo que con la firma de la paz, se desmontaron las estructuras de la Fuerza Armada y cuerpos de seguridad que ejercían terrorismo de Estado, desmovilizaron las organizaciones armadas del FMLN; promovieron reformas en el sistema de justicia, creó una institución que administra las elecciones, sentando bases para la democracia. También se establecieron como propósito el fin de la impunidad y se creó una Comisión de la Verdad que recomendó aplicar justicia ante los crímenes de guerra, reparaciones integrales y sostenimiento de las reformas democráticas.
«Si la impunidad prevaleció sobre los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y la reparación, fue porque los gobernantes de turno, tanto los anteriores como los actuales, han protegido a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad y desaceleraron el impulso por establecer un sistema de justicia íntegro y responsable que diera una respuesta integral a las víctimas», manifestó.
Por otra parte, externaron su rechazo a la derogatoria del decreto que conmemora los Acuerdos cada 16 de enero, y que se sustituya por uno que reconoce a las víctimas del conflicto, ya que aseguran desmerita el trabajo de organizaciones que las representan, y sin que esta acción se acompañe con otras medidas de verdad, justicia, reparación, memoria y medidas de no repetición de esos atroces hechos.
«El decreto legislativo aprobado recientemente está vacío de significado y no puede tener un efecto reparador si la misma Asamblea Legislativa ha ignorado el clamor de las madres y familiares de personas desaparecidas y asesinadas políticas, quienes cada año han insistido en demandar la declaración de cada 30 de agosto como el ‘Día Nacional de la Dignidad de las Personas Desaparecidas’, cuando han solicitado las mismas madres de las víctimas», infirió Gómez.
En ese contexto, afirman que el cambio de conmemoración tampoco tiene efecto reparador si, durante las últimas semanas, representantes de la Asamblea Legislativa han realizado ataques públicos para desprestigiar a víctimas y personas defensoras de derechos humanos que integran la Asociación Pro-Búsqueda y las autoridades de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas (UCA).
Además, «carece de efecto reparador un decreto que acompaña la exclusión de varias organizaciones de víctimas y derechos humanos. Se pone en evidencia más con la elaboración de la Ley de Justicia Transicional, que estudia la Comisión de la Asamblea Legislativa que desplaza cualquier tipo de opinión de organizaciones que han estado de cerca trabajando con las víctimas por más de 20 años», dijo Eduardo García, representante de Pro-Búsqueda.
En cuanto al efecto reparador, cuestionaron que tampoco se ha cumplido este precepto, si el Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional, habrían impedido el acceso a los archivos militares que esclarezca crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército salvadoreño.
Por ello demandan que toda medida que se adopte en justicia transicional se dé amplia participación a las víctimas y las organizaciones que las representan.
En 2018, la Mesa presentó una propuesta de ley que incluye la declaratoria del Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, la creación de un centro de documentación de la memoria histórica para recolectar pruebas y testimonios, y que a su vez se valoren en los procesos penales. Museos de historia nacional en todo el territorio y prohibir todo tipo de acto que reivindique a victimarios, tanto militares como guerrilleros, señalados por crímenes de guerra.
Exigen también el cese de la instrumentalización del tema de justicia transicional por funcionarios de Estado, con el fin de obtener réditos políticos en su imagen o desacreditar adversarios.
