La Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa del exdiputado suplente por el departamento de La Unión, Roberto Carlos Silva Pereira, estarían buscando una salida alterna ante la acusación de lavado de dinero, el procedimiento abreviado.
Esta figura procesal permite beneficios penales, como una sanción menor que pueda llegar a trabajo comunitario, siempre y cuando el imputado confiese el delito.
Según la representación fiscal, la defensa debe llegar a acuerdos con Silva y su esposa; de no hacerlo, se instalará el juicio en el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador.
El exdiputado presuntamente ofreció sobornos a varios alcaldes y ocultó cantidades de dinero obtenidas de manera ilícita de las municipalidades.
El acusado mantuvo negocios con un aproximado de 15 municipalidades de la zona oriental, a quienes presuntamente ofrecía el 10% del total de las obras, como sobornos con el fin de que le adjudicaran los proyectos, sin pasar por el procedimiento que exige la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP); por lo anterior se le atribuye que lavó de esta forma $13.4 millones de dólares, de los cuales 11 millones ingresaron a sus cuentas personales y el resto a cuentas de sus sociedades.
Los hechos atribuidos al exlegislador suplente supuestamente ocurrieron durante los años 2002 hasta marzo de 2006 antes de su elección como diputado.
