El beneficio del procedimiento abreviado no logró ser negociado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa del exdiputado suplente por el departamento de La Unión, Roberto Carlos Silva Pereira, acusado de lavado de dinero y cohecho activo.
Según el fiscal del caso, la falta de acuerdo se debió a la responsabilidad civil, pues el acusado no habría accedido.
Previo a la instalación del juicio, la defensa pidió a la jueza que Silva fuera puesto en libertad porque se habría excedido el plazo de 24 meses de detención provisional, sin embargo, ello fue desestimado por el tribunal.
La vista pública se instaló esta tarde de lunes en el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador.
El exdiputado presuntamente ofreció sobornos a varios alcaldes y ocultó cantidades de dinero obtenidas de manera ilícita de las municipalidades.
El acusado mantuvo negocios con un aproximado de 15 municipalidades de la zona oriental, a quienes presuntamente ofrecía el 10% del total de las obras, como sobornos con el fin de que le adjudicaran los proyectos, sin pasar por el procedimiento que exige la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP); por lo anterior se le atribuye que lavó de esta forma $13.4 millones de dólares, de los cuales 11 millones ingresaron a sus cuentas personales y el resto a cuentas de sus sociedades.
Los hechos atribuidos al exlegislador suplente supuestamente ocurrieron durante los años 2002 hasta marzo de 2006 antes de su elección como diputado.
