Por: Redacción YSKL
La organización Cristosal presentó este martes una denuncia ante la Corte de Cuentas de la República, para que se investigue el posible uso de fondos públicos para contratar el software espía Pegasus.
El programa, cuya empresa NSO Group, ha reiterado que solo puede ser adquirido por Gobiernos, podría estar siendo usado en El Salvador para espiar a ciudadanos que adversan al Ejecutivo, manifestó Ruth López, Jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal.
La denuncia, según explicó, es contra el Presidente Nayib Bukele y los funcionarios que tienen responsabilidades de dirigir el Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy; y del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Peter Dumas, por ser quienes pudieron estar involucrados en la adquisición de servicios de inteligencia prestados por NSO Group.
Aseguran que la adquisición del software, puede alcanzar hasta los $8 millones de dólares.
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“El Estado no lo va a reconocer, por eso acudimos a una autoridad gubernamental para intervenir, estamos asumiendo que por el monto, el período, y los sujetos intervenidos el Estado tendría interés particular, por eso pedimos a la Corte de Cuentas que investigue el uso de fondos públicos, tendrían que responder el Gobierno”, señaló López.
Pegasus puede tener acceso a fotos, videos, mensajes, correos, incluso grabar las llamadas de los dispositivos telefónicos, intervenir aplicaciones de chat como Whatsapp, contactos, calendario e interceptar ubicaciones de GPS.
Una investigación de “The Citizen Lab” y “Access Now”, en colaboración con Fundación Acceso y Amnistía Internacional, dieron parte de que Pegasus intervino los dispositivos personales de al menos 35 personas en El Salvador, en su mayoría activistas de derechos humanos, entre ellos Cristosal, y periodistas que investigan temas de corrupción gubernamental como los medios digitales El Faro, El Mundo, La Prensa Gráfica, Gato Encerrado y Factum.
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“Hablamos de un software ilegal que le permite interferir las comunicaciones de los ciudadanos y ciudadanas […] esto no es solo contra los defensores contra derechos humanos, no es solo contra los periodistas, es contra cualquier persona que tenga un interés contrapuesto contra cualquier funcionario público”, remarco López.
Cristosal pide a la CCR que también indague qué partida presupuestaria se utilizó para adquirir Pegasus. Citando El artículo 24 inciso 2° de la Constitución que prohíbe que las autoridades y los particulares realicen cualquier actividad que pueda calificarse como interferencia o intervención de las telecomunicaciones, permitiendo que de forma excepcional se pueda permitir la intervención o interferencia siempre y cuando exista una orden judicial que autorice a los agentes estatales dichas acciones. Asimismo, el inciso 3° de dicha disposición constitucional establecen que toda violación comprobada a lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución “será causa justa para la destitución inmediata de su cargo y dará lugar a indemnización por los daños y perjuicios ocasionados”.
