Por: Redacción YSKL
Miembros del comité de veteranos de la Fuerza Armada se concentraron este martes, para marchar hacia Casa Presidencial, para exigirle al Gobierno el pago de compromisos adquiridos antes de tomar posesión el mandatario Nayib Bukele.
Antonio Amaya, coordinador del comité, explicó que durante la campaña electoral del 2019, el presidente Bukele se comprometió a incrementar la pensión que reciben al menos 114 veteranos, de $100 a $300.
«Al grupo de veteranos se le está pagando cien dólares, pero por ley debe incrementar, debido a la pandemia hubo un atraso en el paquete 9 al 20, se les debe como tres meses, que esperamos que ya se haya cancelado», indicó.
El Representante de los veteranos, José Antonio Amaya, entregarán una nota al Presidente de la República, asimismo, denunció que es necesario que se depure el padrón de beneficiarios, ya que en Gobiernos del @FMLNoficial, introdujeron a más personas que no cumplen con la edad. pic.twitter.com/4W7a07SspK
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) February 15, 2022
También exigen el pago de una indemnización de $3,000; y proyectos productivos en el Ministerio de Vivienda, Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA), en beneficio de los veteranos.
Además, piden la creación de un Hospital para veteranos terminales y con enfermedades crónicos, puesto que el ahora presidente, también prometió este tema, aseguraron. «Pedimos la atención preferencial de los veteranos en el nivel 1 y nivel 2 de toda la red hospitalaria», remarcó Amaya.
Otra de las demandas es que se depure el padrón de veteranos, debido a que el listado se amplió en los Gobiernos del FMLN, sin un criterio legal que amparara su inclusión.
«Hay muchas personas cobrando que no son del conflicto armado y la Ley de Veteranos fue creada para veteranos de la Fuerza Armada y ex combatientes del FMLN, eso se dio en los gobiernos pasados», señaló.
En total se entregan beneficios a 114,000 veteranos a nivel nacional, 3,600 en el IPSFA y 21,000 del Fondo de Lisiados «Foprolyd».
Amaya afirmó que de no encontrar respuesta por parte del Ejecutivo, acudirán a instancias internacionales para presentar sus quejas y que presionen al Estado salvadoreño para financiar las demandas.
