Por: Redacción YSKL
Este jueves, la Fundación del Debido Proceso de Ley (por sus siglas en inglés DPLF), el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, (Idhuca) y Fundación DTJ, presentaron el informe “Justicia en pausa”, un análisis sobre los primeros 100 días de funcionamiento de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, luego de la remoción de sus magistrados titulares y suplentes por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo 2021, antes de que llegaran a completar sus respectivos periodos.
De acuerdo a la investigación, uno de sus objetivos fue detectar continuidades, retrocesos y avances iniciales en los criterios jurisprudenciales ya consolidados de la Sala, pero también medidas administrativas en su gestión y organización interna que tuvieran un impacto real o potencial sobre la protección de los derechos y libertades de los salvadoreños, y su derecho de acceso a la justicia.
“Cuando un nuevo gobierno empieza su mandato siempre hay un análisis de sus primeros 100 días, porque es un periodo en el que se pueden hacer cambios de timón, cambios significativos, cambios de políticas que son lo suficientemente intensos como para tener un impacto en el desarrollo futuro de la institución”, indicó la Directora del programa DPLF, Úrsula Indacochea.
Traslados de personal y jueces
El informe detalla que durante los primeros 100 días, hubo 10 traslados de funcionarios que laboraban en la Sala a otras unidades o dependencias del Órgano Judicial, pero solo uno de ellos se ha hecho público. Dos de ellos son áreas importantes en la administración de justicia: la de la Secretaría del máximo tribunal constitucional, y la del Coordinador del Área de Inconstitucionalidades.
La persona que ocupaba el cargo en la secretaria, fue trasladada hacia otra unidad, y en su lugar, fue nombrado un secretario interino, quien antes se desempeñaba como colaborador jurídico del área de Amparos. A pesar de su relevancia, este nombramiento no fue hecho público a través de los medios o redes del Órgano Judicial, y únicamente trascendió por las declaraciones del Magistrado Presidente, Óscar López Jerez, en una entrevista a un medio impreso.
Por su parte, Rodolfo González, Presidente del IIDC, explicó que la Sala está en “una situación de anormalidad»: «Es una sala impuesta, con magistrados que están ocupando los cargos de los magistrados legítimos, violentando los procedimientos constitucionales ilegales. Es decir solo hay uno de los 5 integrantes que tiene la calidad de magistrado, porque cumplió con los requisitos. Los otros cuatro abogados están ilegítimamente ocupando un cargo para los cuales no cumplieron con los requisitos”.
La tardía respuesta y divulgación de las sentencias
En cuanto a transparencia y rendición de cuentas, la investigación pone en evidencia una desmejora en la publicidad de las sentencias. A diferencia de sus conformaciones anteriores, la Sala no las publica regularmente en sus redes sociales (twitter), ni las acompaña con un comunicado que resuma sus principales argumentos.
«Las sentencias que emite la Sala aparecen publicadas de manera tardía», en el Centro de Documentación Judicial, detalla el informe. En el período investigado, la Sala solo utilizó su cuenta de twitter para publicar cuatro sentencias, o para dar estadísticas genéricas y no desglosadas sobre su productividad. La página web se encuentra desactualizada y aparecen pestañas vacías que no tienen contenido alguno.
Debilitamiento de los procesos constitucionales
Los retrocesos más graves que las organizaciones civiles detectaron es que incluyen pronunciamientos emitidos en los procesos de inconstitucionalidad en los que se han reducido las posibilidades de impugnación de los vicios procedimentales, en el proceso de formación de ley. La inadecuada comprensión y alcance del principio de razonabilidad, para controlar las facultades legislativas de elección de funcionarios y la afirmación de que existen zonas exentas de control constitucional.
Se advierten también retrocesos en la imparcialidad de algunos procesos concretos, es decir, amparos y hábeas corpus. El informe consigna que magistrados actuales han desestimado demandas y suscrito resoluciones, pese a que existían motivos serios y razonables que les debía haber obligado a abstenerse de ello.
El informe incluye en su análisis que la Sala habilitó la reelección presidencial inmediata, pese a que esta posibilidad se encuentra prohibida reiteradamente en el texto constitucional. La Sala rehusó una lectura conjunta y sistemática de todos los artículos constitucionales relevantes (arts. 75.3, 88, 131.16, 154, 248, 174.1, 182.7), ignorando que dicha prohibición constituye una tradición consolidada en todos los textos constitucionales que han existido en los más de 200 años de vida republicana en El Salvador.
«Lo novedoso del informe es que evidencia un perfil de la Sala de lo Constitucional actuando en detrimento de la democracia», señaló José Marinero, Presidente de la Fundación DTJ.
