La Asociación Pro-Búsqueda expuso a los diputados de la Asamblea Legislativa que han realizado investigaciones y logrado resultados para ubicar a niños desparecidos en el Conflicto Armado, a pesar que la Fiscalía General de la República (FGR) no haya iniciado investigaciones sobre estos casos, además de la falta de legislación sobre el tema.
«Cuando vinieron los representantes de la Corte Suprema dijeron que había vasta jurisprudencia […] La mayor parte de jurisprudencia es por habeas copus y amparos de la Sala que interpuso Probúsqueda», indicó Eduardo García, quien presentó el informe a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que estudia la Ley de Justicia Transicional.
También se refirió al informe de la Fiscalía, donde se indicó que había 21 casos judicializados; sin embargo, ninguno corresponde a menores desaparecidos.
Investigaciones de Pro-Búsqueda
La organización expuso que en 1994 tuvieron el primer caso y luego de ser resuelto, múltiples solicitudes de búsqueda se han presentado, llegando a 1,398, aunque alrededor de 300 de ellos aún no se ha determinado que se trató de desaparición forzada de los menores; por lo que se totalizan 1,026.
De estos, 287 ya fueron reencontrados con sus familias, 89 ya fueron localizados y se prepara el reencuentro, 87 fueron encontrados fallecidos y aún están en búsqueda 563. Un 7% de los casos corresponde a reclutamiento de la guerrilla y un 16% aún no se determina, pues fueron niños abandonados; el resto corresponde a desaparición forzada.
Según García, cada año llegan cerca de 10 casos nuevos.
Entre las investigaciones, se han identificado las cadenas de mando ante la desaparición de menores, entre ellos, exfuncionarios, así como «las damas de la Cruz Roja», quienes traficaron niños y «estaba integrada por las esposas de grandes empresarios, embajadores, cónsules».
Entre las cadenas de mando se menciona al Ministro de Defensa de la época, José Guillermo García y Domingo Monterrosa, quien incluso dio declaraciones a un periódico luego de reclutar dos niños que encontraron.
«Las acciones eran planificadas […] era imposible no poder coordinar», añadió.
García explicó que las adopciones incrementaron en 1982, ya que entre 1981 y 1983 se reformó la ley en esta materia a propuesta de diputados del PCN, siendo una copia de la que se implementó en la década de los 60’s en Chile, en su momento de la creciente dictadura.
«Había tráfico de niños», destacó.
Las zonas más afectadas fueron Cabañas, Chalatenango, San Vicente, que podría responder a las características físicas de los menores, «son mas chelitos, tienen ojos mas zarco, desaparecieron niños, eran mas adoptables».
Los niños adoptables eran entre los 0 a 12 años, de los 13 en adelante eran reclutados como combatientes o soldados.
Pro-Búsqueda ha realizado sus investigaciones con un banco de perfiles genéticos desde 2004, mismo que permite identificar a las familias incluso cuando no hay ninguna pista; estrategia que piden replicar en la nueva ley a escala nacional.
