Un nuevo requerimiento fiscal contra los presuntos responsables de la Masacre de Jesuitas en 1989 fue presentado este viernes ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), esta acusación incluye a personas que no habían sido imputadas por este caso en el proceso que inició en la década de los 2000.
Los acusados son: Alfredo Félix Cristiani Burkard, expresidente de la República, Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea; Juan Orlando Zepeda Herrera, miembro de “La Tandona» y exviceministro de Defensa; Rafael Humberto Larios López, ex General y era Ministro de Defensa; Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López López y Joaquín Arnoldo Cerna Flores, por el delito de Comisión por Omisión en el delito de Asesinato; los últimos dos también por complicidad en asesinato.
También se les imputan los delitos de actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo, y por hurto.
Por fraude procesal y encubrimiento personal, se imputa a Carlos Camilo Hernández Barahona, Rodolfo Antonio Parker Soto, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
Los delitos se adecúan al Código Penal de la época en la que sucedieron los hechos, por lo que algunos de ellos, ya no están en las leyes actuales o reciben otro nombre.
Las víctimas fueron los jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Ignacio Ellacuría de Beascoechea, Ignacio Martí Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, José Joaquín López López, Armando López Quintana, y sus colaboradoras, Julia Elba Ramos y Celina M., madre e hija; en noviembre de 1989 bajo un operativo militar en el contexto del Conflicto Armado.
El primer caso
En el año 2,000, luego de la Ley de Amnistía declarada en 1993, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) del sacerdote Jesuita José María Tojeira contra los autores mediatos o intelectuales de la masacre; entre estos, el expresidente Alfredo Cristiani y militares que se desempeñaron como funcionarios en cargos de ministros, viceministros.
De acuerdo con la FGR, el hecho no se podía investigar por la Ley de Aministía; Tojeira interpuso un recurso de revocatoria a esta decisión, también se interpusieron demandas de inconstitucionalidad a referida ley; la Sala de lo Constitucional se pronunció e indicó que no había infracciones a la Constitución, pero los jueces debían considerar cada caso concreto en caso hubiere una excepción. Por lo tanto, la Fiscalía presentó el caso el 23 de octubre de 2,000 ante el Juzgado Cuarto de lo Penal, ahora Juzgado Cuarto de Instrucción; no obstante, el juez declaró sin lugar la investigación solicitada.
El caso fue cerrado.
En 2016 se declara inconstitucional la Ley de Amnistía y se retoman casos, como el de la Masacre de los Jesuitas y sus autores intelectuales.
En 2018, el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador declaró sin lugar el sobreseimiento definitivo que se dictó en el año 2,000 a favor de referidos imputados.
Interponen recursos contra esta decisión ante la Cámara Tercera de lo Penal, misma que ratifica la reapertura del caso.
No obstante, interponen recurso de casación ante la Sala de lo Penal ese mismo año.
Fue hasta octubre de 2020 que el máximo tribunal en materia penal confirmó el sobreseimiento definitivo de los exmilitares y expresidente, a quienes se acusaba de ser autores intelectuales del asesinato de los seis sacerdotes y sus colaboradoras.
En enero de 2022, la Sala de lo Constitucional resolvió reabrir el caso.
