Por: Redacción YSKL
La Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas (UCA), brindó este lunes su postura sobre la audiencia inicial del caso de la masacre de los padres Jesuitas, una colaboradora y su hija, el 16 de noviembre de 1989.
El Padre Andreu Oliva, Rector de la UCA, calificó como «enrarecido», el inicio del proceso; “todo se da en un ambiente en donde vemos como se está desmantelando el Estado de Derecho y como se da una campaña de acoso contra la UCA y se nos acusa de no estar interesados en la justicia, de proteger algunos de los imputados del proceso judicial o incluso ya no estar al lado de las víctimas”, manifestó.
Oliva, dijo que era importante conocer la historia de la casa de estudios que documentó las violaciones a derechos humanos cometidos en la época de la dictadura salvadoreña y los doce años de conflicto armado. “Desde la guerra civil hasta el día de hoy hemos acompañado y defendido a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, siempre con la mira puesta en la verdad, la justicia, la reparación del daño causado y la garantía de no repetición de esos hechos tan lamentable”, acotó.
El académico hizo mención a los 80 casos de masacre, torturas y desapariciones forzadas que fueron cometidos por militares y guerrilla y que fueron presentados ante sede fiscal, sin que a la fecha se hayan investigado.
En el año 2000 a petición de los familiares de los Jesuitas, acompañados por la UCA, solicitaron un proceso judicial contra los autores medianos, este proceso fue cerrado en su momento por prescripción y por aplicación de la Ley General de Amnistía, pero una vez decretada Inconstitucional en 2016, dos años después solicitaron que el caso fuera reabierto pero fue sobreseído por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a lo que Oliva llamó como una «resolución fraudulenta».
Pero en el año 2022 la Sala de lo Penal, nombrada por la Asamblea Legislativa, dio apertura a la causa por un proceso de amparo iniciado por el Ministerio Público.
Olivo dijo que desde que iniciaron las diligencias, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado 3° de Paz, apartar la representación de las víctimas, en aras de sembrar dudas en que la UCA sea parte ofendida de la masacre, «ello se confirma con el comportamiento de la FGR, no ha tenido interés en conocer la posición de las víctimas a pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1999 señalo que las víctimas de la masacre eran los familiares de los jesuitas, la comunidad universitaria y la compañía de Jesús».
“Quedó evidencia por que el escrito de resolución que el juez le entregó al representante del familiar del padre Ellacuría, señaló que en el requerimiento fiscal del 4 de marzo de 2022; que por el momento no se cuenta con direcciones de las víctimas, ni ofendidos del presente proceso», matizó.
La universidad a través del IDUCA, se mantendrá expectante del proceso y en el momento oportuno decidirán si participarán, señaló Oliva, además, denuncia que sean observado algunas irregularidades en el proceso que hacen temer que el mismo no ofrecerán «las garantías de objetividad e independencia requeridas para encontrar la verdad, hacer verdadera justicia, reparar el daño causado y propiciar la reconciliación de la sociedad».
Demandan que el proceso no se vuelva político, que se garantice el debido proceso, que no exista presiones externas sobre las víctimas, sin injerencia.
