El Salvador aún no se evalúa en el Grupo de Acción Financiera del Caribe, apuntan organizaciones civiles

El Salvador estaría evadiendo evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. Este es el planteamiento que hizo este miércoles la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Si bien es cierto, el país está adscrito al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), no ha dado cuentas entorno al cumplimiento de algunas de sus recomendaciones y, en su lugar, decidió formular un instructivo con base a esta herramienta y con la que norma el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Según esta organización de la sociedad civil, la supervisión ciudadana es uno de los requisitos cruciales para que el país sea bien evaluado.

Henri Fino, Director Ejecutivo de FESPAD, señaló los Estados están obligados por convenios a vigilar y combatir el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero trasnacional de la mano de la ciudadanía, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) echó a andar un instrumento sin el conocimiento de las organizaciones civiles.

“La última evaluación del GAFI fue en 2010, ahora estamos en 2022 y El Salvador no ha participado de la evaluación, sino más bien ha transitado entre el GAFIC y el GAFILAT, lo que ha significado una evasión de la evaluación”, explicó.

Por su parte, Loyda Robles de FESPAD, apuntó que de las 40 recomendaciones, el país no ha dado cuentas la octava, que se refiere a organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos del extranjero. Agregó, que el Estado está mandatado a hacer una evaluación de riesgo (Financiamiento del Terrorismo), donde pueda identificar cuáles son los riesgos a los que puedan estar expuestos las Organizaciones sin Fines de Lucro e identificar al subsector que pueda estar expuesto al financiamiento, tomando como base la evaluación de riesgo y el Estado debe legislar con base a ese riego, “lo que no existe”, dijo.

Los Representantes de FESPAD también manifestaron que, en el año 2020 hicieron una solicitud de acceso a la información pública ante la FGR, pidiéndole la evaluación de riesgo, a lo que el ministerio público respondió que “si existía” pero que no contaba con la inclusión del sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, sin compartirles el instrumento; en el 2021 también lo solicitaron y les manifestaron que era “información reservada”.

Según Robles, esto deja entredicho que las autoridades fiscales esperan retomar leyes que regulen el financiamiento de las organizaciones, y trajeron a cuenta la Ley de Agentes Extranjeros, cuyo dictamen ya fue aprobado por la Asamblea a Legislativa pero aún sigue sin llegar a Pleno para que se convierta en ley.

Con esta legislación, Robles dijo que las organizaciones estarán “bajo escrutinio de leyes como la Ley de Lavado de Dinero y Activos, Ley contra Actos de Terrorismo y la cual ya ha sido aplicada de forma arbitraria y en el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF )de la Ley de Lavado de Dinero en donde se evade a la responsabilidad que tiene el Estado, y esta se le está trasladando a las organizaciones, sin haber hecho la clasificación del subsector y la evaluación”.

El instructivo es “lesivo” y limita a las organizaciones en ciertas funciones, además, la amarran a la Propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, “lo que se convierte en otra evidencia de como el Estado quiere regular al sector, supuestamente con las recomendaciones del GAFI”, aseguró.

Las organizaciones según alega Robles, ya están registradas, pero el Instructivo les mandaría a sobreregistrase, y la Ley de Agentes Extranjeros implicarían un tercer registro, lo que ocasionaría el riesgo a que la autoridad, de manera arbitraria, no autorice el nuevo registro de las oenegés, que en determinado momento hayan sido incomodas al Gobierno por ser disidentes con el discurso oficial.

FESPAD pide a la FGR que suspenda la entrada en vigencia del Instructivo de la UIF, por considerarlo “lesivo” para la labor de la defensa de los derechos humanos; que la UIF viabilice la realización de la evaluación de riesgos y la aplicación de un enfoque basado en riesgos según lo establecido la GAFI y la GAFILAT.