Por: Redacción YSKL.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), presentó este miércoles el informe anual 2021 titulado: “El Estado de los Derechos Humanos en El Salvador”.
Para este informe, el centro de investigación tomó en cuenta cinco derechos humanos: el Derecho a la Vida, a la Integridad Física y Psíquica, la Libertad Personal, el acceso a la Justicia y a la Reparación Integral de las víctimas.
Desafíos para acceder a la información
El Vicerrector de Proyección Social, Omar Serrano, manifestó que conseguir la información para elaborar el estudio fue un “verdadero reto”. El equipo técnico se planteó indagar fuentes gubernamentales, medios de comunicación en todos los formatos e informes de organizaciones de derechos humanos de El Salvador. Asimismo, firmaron convenios con las instancias públicas para tener acceso a datos estadísticos que ayudaran a la preparación del informe.
Serrano señaló que, desde inicios del 2021, las instituciones dejaron de entregar sus informes. “Ni las instancias del Ejecutivo, ni de la Corte Suprema de Justicia, a excepción de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de forma tardía cuando ya se había realizado el informe”, aseguró.
Entre otro de los casos que resaltó el académico fue de la Dirección General de Centros Penales, de la cual no recibieron informes.
“Publicaba en su página web estadísticas acerca de privados de libertad, pero desde el 2021 dejaron de hacerlo, ni aceptan solicitudes de acceso a la información pública, parece que hasta se ha desarticulado la oficina encargada de esto. Hay un hermetismo total”, argumentó Serrano.
Datos sin certeza
El vicerrector explicó que los indicadores que miden el respeto a los derechos humanos, solo han mejorado en el número de homicidios, ya que en el 2021 se reportaron 1,211 muertes violentas, “es menor a las presentadas en 2020, que fueron 1,342; pero representa una reducción del 9.7%, que a su vez, que equivale a una taza de 17.7% homicidios por cada 6 mil habitantes”, detalló.
Para los investigadores, este dato despierta duda por algunos factores: el descubrimiento de fosas clandestinas encontradas el año pasado, con al menos 65 víctimas; el aumento de un 19.2% en las desapariciones de personas en 2020; la inconsistencia de las cifras oficiales de homicidios, ya que la PNC registró 2,140 homicidios en 2021, y el Instituto de Medicina Legal 1,211 y por último, la decisión de la Mesa Técnica de homologación de homicidios y feminicidios que decidió no contar las osamentas entre los registros de homicidios.
Derechos a la integridad
Por su parte, Danilo Flores, Coordinador general del OUDH, señaló que, en el análisis del derecho a la Integridad, se identificaron abusos de autoridad, que van desde agresiones a derechos fundamentales, hasta la utilización de la PNC contra la institucionalidad democrática.
En cuanto al desplazamiento forzado, los datos siguen siendo limitados e imprecisos, en parte debido a la no implementación de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de Desplazamiento Forzado Interno, consigna el informe.
En relación al Derecho de Acceso a la Justicia, la investigación revela que la administración de la misma se vio afectada en el 2021: la destitución de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general; el nombramiento de los magistrados y suplentes “con múltiples irregularidades de forma y fondo”, reza el análisis.
Ambos profesionales concordaron que los programas gubernamentales orientados a la reparación de las victimas de graves violaciones a los derechos humanos, en el contexto del conflicto armado, siguen teniendo poca importancia a nivel presupuestario.
Ante dicho panorama, sugieren 12 recomendaciones, pero 5 de ellas las consideran más urgentes:
