Por: Redacción YSKL
La Mesa Territorial del Foro del Agua de la Zona Norte de San Salvador y el Colectivo Salvemos Valle El Ángel se concentraron este jueves en las afueras de la Cámara de lo Contencioso Administrativo para presentar una demanda contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por presuntos actos arbitrarios referentes al proceso del permiso ambiental de Paseo del Prado.
Los ambientalistas aseguran que la cartera de Estado ya otorgó los permisos para la construcción de los polígonos «C» y «D», del proyecto urbanístico, y esto fue notificado por medio de otro procedimiento establecido.
«Primero notificaron por medio de tablero en el Ministerio de Medio Ambiente, y tres días después nos avisaron por correo. Nosotros somos parte demandante, tuvimos que haber sido notificados cinco días antes, pero con esa trampa que nos pusieron, solo teníamos dos días para responder el recurso de impugnación», explicó Carlos Flores, miembro del Foro del Agua.
Los manifestantes piden a la Cámara que revoque el proceso de otorgamiento del permiso, en virtud que no obedeció la normativa para su divulgación.
En la demanda presentada en enero, el Colectivo aseguró que la empresa tiene la intención de dividir y minimizar los impactos y obtener su aprobación por el MARN. Al distribuir la solicitud de permisos de manera parcial, cuando todo esa zona está contemplada en el “Master Plan Los Ángeles”, un área de 1,576,624 metros cuadrados de Inversiones Roble.
“Esta ha sido una estrategia de la familia Poma de dividir el proyecto, solicitar el permiso ambiental para cada etapa y minimizar los impactos”, señaló en su momento Dalia González, representante del Foro del Agua.
Es decir, Inversiones Roble seccionó la construcción en fase I, fase II y ahora la fase III, con la intención de que el Ministerio no pueda hacer un cálculo completo del impacto ambiental, y generar una confusión de los verdaderos impactos. González reiteró que este tipo de acciones hacen que los controles y las directrices para evaluar los estudios de impacto ambiental se debiliten. Por ello explicó que en el procedimiento administrativo para el otorgamiento de permiso ambiental, la autoridad del ramo ha omitido recibir elementos esenciales, uno de ellos es el impacto ambiental acumulado.
“En el estudio de impacto ambiental, la titular del proyecto, no hace una análisis completo de este impacto. Es importante que se haga un análisis de toda la intervención que está sufriendo el territorio a nivel general, en el municipio de Apopa”, manifestó González. Los ambientalistas temen que el Gobierno omita también el estudio de la factibilidad del agua potable que emite la ANDA, y en vez de ello reconozca un convenio entre ANDA-Inversiones Roble, que no es el documento legal requerido.
Según la defensora del vital líquido, existe una complicidad por parte de la cartera ambiental al no ser considerados estos aspectos. Por lo tanto, los manifestantes exigen que se revoque el permiso otorgado por carencia de aspectos técnicos fundamentales en el procedimiento administrativo.
A criterio del Foro del Agua, el proyecto no es viable porque habrá cambios en el microclima, mayor demanda de agua, reducción de la capacidad de recarga hídrica de los mantos acuíferos, perdida de bosque, agravamiento de la vulnerabilidad y riesgo, afectando un conjunto de bienes socio ambientales necesarios para el desarrollo de la vida digna.
Dicha residencial será construida sobre una extensión superficial de 47,147.76 metros cuadrados, consta de 125 lotes de 125 metros cuadrados para la construcción de vivienda horizontal unifamiliar, en la Carretera de Oro, bulevar Las Flores, San Salvador.
