Por: Redacción YSKL
En aras de promover programas de inserción para la población de los 262 municipios, el Instituto Nacional del Migrante (INSAMI) presentó una propuesta de política pública municipal.
César Ríos, presidente del INSAMI, explicó que el proyecto inició en tres gobiernos municipales en el Occidente del país, estos son: Candelaria de la Frontera, Metapán, Citalá. Las comprensiones lindan con Guatemala y Honduras.
Para Ríos, en los tres municipios fronterizos la migración es constante debido a la falta de oportunidades y a su vez, va en consonancia al incremento de remesas que ha registrado el Banco Central de Reserva en el último año.
Es por ello, dijo, se tienen que apostar por una política de migración laboral.
«Nos llamó la atención de que podríamos hablar de migración climática, son municipios que tienen mucha actividad migratoria, y curiosamente son los que recibieron más remesas del exterior, es decir, los compatriotas se van a otro sitio a trabajar y ayudan a los que se quedaron en sus pueblos», indicó Ríos.
Durante 18 meses, la entidad ha propiciado reuniones con alcaldes y líderes comunales para definir estrategias que permitan a sus ciudadanos acceder a programas de migración laboral en países donde la mano de obra escasea. Y que frene la migración irregular.
Para elaborar la política, INSAMI fijó un perfil de cada caso y los países que eligen los connacionales para establecerse. Además realizó entrevistas con personas que han tenido que salir del país para trabajar.
En el instrumento se establece que los alcaldes deberán abogar por la protección de los derechos laborales y humanos de los beneficiarios, conforme a estándares internacionales, marcos jurídicos nacionales y municipales.
La política incluye la participación de instituciones de la sociedad civil, organismos internacionales y de Gobierno.
Las partes trabajarán en garantizar la condición socioeconómica de los beneficiarios, brindar atención personalizada a la comunidad que residirá en el exterior y prevenir la migración irregular por medio de puestos de trabajo con incentivos fiscales. Brindar mecanismos que permitan que las remesas sea una garantía en un banco o cooperativa para acceder a un crédito.
«Muchos nos han dicho que esto puede servir para invertir en pequeños negocios de los familiares de los migrantes, que la remesa de $200 sirva como moneda de cambio para que los bancos puedan descontar de ahí el pago de un préstamo», detalló Ríos.
Según la propuesta, también se crearía una base de proveedores que, con base a sus competencias, puedan establecer empresas en los municipios de origen.
«Tenemos España, Francia, Italia, países grandes y desarrollados que necesitan personal en sus empresas, nosotros proponemos un plan de capacidad de acción, para que las Alcaldías se acerquen a estos países para llevar jóvenes o adultos en situación de desempleo a un empleo formal. El Alcalde debe tener capacidad de ir al mundo y negociar una migración regular y porque no, circular, porque ya hablamos de que el compatriota debe volver después de terminar su visa, para darle paso a otro salvadoreño, el que se queda ya tiene la experiencia necesaria para prosperar en su tierra», indicó.
