Por: Redacción YSKL.
Este jueves, Acción Ciudadana presentó el informe: “Monitoreo sobre la probidad en la función pública para el período de junio a diciembre de 2021”, en el que se da seguimiento al comportamiento de los servidores públicos obligados a la presentación de declaraciones juradas de patrimonio a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Esta es una herramienta fundamental en un estado democrático de derecho para prevenir la corrupción. Este informe nos muestra un panorama que nos preocupa respecto al cumplimiento de esta obligación. Tenemos miles de funcionarios y empleados públicos que no han presentado su declaración patrimonial, y esto sin duda despierta alertas”, indicó Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
El titular agregó que al no presentar la declaración, se incumple la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, ya que es una obligación legal.
El estudio ha incorporado datos obtenidos hasta el día 7 de diciembre de 2021, del Órgano Ejecutivo e instituciones autónomas de, los quinquenios 2014-2019; y del 2019 al 2024. Asimismo, al Órgano Legislativo del 2015 al 2024.
Por su parte, René Valiente, investigador de la autónoma, detalló que los funcionarios del Órgano Ejecutivo e instituciones autónomas del quinquenio 2014-2019 al 7 de diciembre de 2021, presentaba una mora de 3, 878 declaraciones de probidad pendientes de entregar. “Solo de la Presidencia de la República, son 1,151, que se dividen entre 454 del cese de funciones y 697 de inicio de toma de cargo”.
“Los tipos de funcionarios que hemos identificado con mayor incumplimiento son aquellos que tienen roles de dirección dentro de las instituciones, aunque también hay un número importante de empleados técnicos con acceso a fondos públicos”, señaló.
Valiente explicó que las declaraciones de cese de funciones de los servidores públicos del Órgano Ejecutivo del quinquenio 2014-2019 donde identificaron que un 57% equivalente a 261 declaraciones pendientes corresponden a tres instituciones: al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Defensa Nacional y al Ministerio de Salud.
Instituciones autónomas
El informe indica que existe un total de 2,784 declaraciones pendientes, en las que se distribuyen 1,420 de inicio de funciones y 1,356 de cese. Sobre las de inicio de funciones, un 37%, equivalentes a 530 declaraciones, se agrupan en tres instituciones: la Policía Nacional Civil, el Consejo Superior de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Administración actual
Los resultados arrojaron que del quinquenio 2019 al 2024, solo el 30% de los servidores públicos presentó en tiempo las declaraciones, un 31% que lo hizo de forma extemporánea, y un 40% que todavía estaba pendiente al 7 de diciembre del 2021.
“Sobre la distribución de esas declaraciones respecto a la de toma e inicio de funciones tenemos que 767, el 33% se agrupa en cinco instituciones: La Policía Nacional Civil, el Ministerio de Hacienda, de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública”, indicó Valiente.
Acción Ciudadana en su informe advierte dificultades en el cumplimiento de las funciones de la sección de protección probidad. A diciembre 2021 se reportaron 517 expedientes activos con sospechas de enriquecimiento ilícito.
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) July 7, 2022
Vía @pachequitoyskl pic.twitter.com/75tEOIqn8e
