Por: Redacción YSKL
Luego de que el 12 de julio entrara en vigencia la Ley de Recursos Hídricos. La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), instancia creada para operativizar la legislación, dio a conocer a su titular el miércoles 20 de julio.
Se trata de Jorge Antonio Castaneda, ex Presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), instancia que fue disuelta y en substitución la infraestructura y operaciones las hereda la ASA.
Castaneda dijo que la ASA «gestionará de forma eficiente e igualitaria el agua» y «se busca ser el ente rector y regulador del recurso hídrico y mejorar la calidad de vida de la población».
Según el artículo 18 de la Ley de Recursos Hídricos, los miembros de la Junta de la ASA lo conforman representantes de los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, Economía, Turismo, Vivienda, Salud, Obras Públicas, Gobernación. También se añade un delegado de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento, proveniente de la Universidad de El Salvador (UES), asimismo un líder de cada uno de los organismos zonales de cuenca inscritos y una persona que provenga de la sociedad civil.
¿En qué consiste la ley?
El agua es reconocida como derecho humano, así como su saneamiento, «no podrá ser privatizada bajo ninguna condición» y el Estado tiene la obligación de garantizarla con equidad e igualdad de género asegurando la sustentabilidad ambiental.
La ley también será de orden público; es decir, que toca derechos colectivos y regulará la «gestión integral de las aguas, su sostenibilidad, garantizar el derecho humano al agua, la seguridad hídrica para una mejor calidad de vida de todos los habitantes del país; y promover el desarrollo humano, social y económico mediante la utilización sustentable de los recursos hídricos», de acuerdo con el artículo 2.
Además, con esta se fomentará el saneamiento y la higiene, así como promover la participación activa y corresponsable de la sociedad salvadoreña y en particular, la equidad e igualdad entre hombres y mujeres en el acceso, uso y decisión sobre los recursos hídricos.
Usos prioritarios del agua en orden jerárquico:
- Agua para consumo humano y uso doméstico.
- Uso para la sostenibilidad de ecosistemas.
- Uso agropecuario procurando la seguridad alimentaria.
- Uso para la generación de energía eléctrica.
- Uso industrial y comercial.
- Usos recreativos y otros.
Organismos Zonales de Cuenca
Serán entes técnicos administrativos de la ASA a nivel zonal, quienes ejecutarán acciones encaminadas a planificar, coordinar y facilitar la gestión integral de los recursos hídricos en cada zona hidrográfica, en la competencia territorial asignada, incluyendo su uso, aprovechamiento, protección, conservación y recuperación.
Juntas de agua
Se reconocerán como organizaciones sociales sin fines de lucro con personería jurídica que prestan servicio de agua potable a las comunidades donde el Estado no puede dar cobertura. Su operación se autoriza para 15 años prorrogables.
Autorizaciones para uso de agua
Autorización nivel 1: Cuando el volumen solicitado sea igual o mayor de 365,000 metros cúbicos por año. Por un plazo de vigencia de hasta quince años.
Nivel 2: Cuando el caudal solicitado sea menor a los 365,000 metros cúbicos por año. Un plazo de vigencia de hasta cinco años.
«Ambas autorizaciones podrán ser renovadas previo estudio técnico, ordenado y supervisado por la ASA, que compruebe que las condiciones del acuífero no hayan cambiado», expone la ley.
Cuestionamientos
Representantes del Foro del Agua, se pronunciaron el martes señalando que a una semana de vigencia de la nueva ley no observan avances en su implementación.
“Lo único que han hecho es transformar la página web del difunto Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) en una estructura de lo que será la página web de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA)”, señala el Foro del Agua en su comunicado.
Por su parte, la representante de esta agrupación, Ariela González, manifestó que la ley no cuenta con un procedimiento para otorgamiento de canon a las Juntas de Agua. “(La Ley) Está equiparando el abastecimiento comunitario sin fines de lucro con el uso que hacen empresas extractivitas. Son funciones completamente distintas. Nuestro temor es que ante la falta de información estas acciones se legalizaran”, indicó.
Los agremiados aseguran que el Ejecutivo no ha dado avances sobre la elaboración del Reglamento General de la Ley.
Otro de los aspectos que los ambientalistas han puesto sobre la mesa, es la escaza asignación de fondos públicos para la instalación de la ASA. “Lo asignado será el remanente de los $400 mil dólares presupuestados para el funcionamiento del FONAES, los cuales, a todas luces son insuficientes para construir una ASA fuerte y con capacidad de regulación”.
