Empresas con más de 100 empleados deberán garantizar el acceso Centros de Atención a la Primera Infancia

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Por: Redacción YSKL

Las autoridades gubernamentales anunciaron este miércoles, la apertura de los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI), establecido en el marco jurídico de la Ley Crecer Juntos que mandata un modelo de atención integral para la niñez en sus primeros años de vida.

La norma establece que toda persona natural o jurídica con más de 100 empleados es responsable de garantizar el acceso a un CAPI, explicó la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), Linda Amaya de Morán.

“La ley (Crecer Juntos) da vida a los Centros de Atención a la Primera Infancia que conocemos por sus siglas CAPI, que deberán de implementar el modelo de atención integral para los niños y niñas desde los primeros meses de vida hasta los cuatro años de edad, brindándoles atención, estimulación oportuna y educación de calidad con cuidado cariñoso y sensible que contribuirá a su desarrollo integral (…) La Ley Crecer Juntos establece que toda persona natural o jurídica con más de 100 empleados es responsable de garantizar el acceso a un CAPI a los hijos e hijas de su personal”, mencionó la funcionaria.

Por su parte, el ministro de Salid, Francisco Alabi, explicó algunas de las especificaciones que deberán de tener estos centros para ser autorizados.

“Verificaremos que cada CAPI cuente con: servicio de agua potable, servicios sanitarios adecuados y zonas libres de riesgos de contaminación, para garantizar la salud y bienestar de la niñez y la adolescencia”, detalló el titular del ramo de Salud.

Según la directora del Instituto Crecer Juntos, Eunice Deras, las instituciones gubernamentales que conforman el Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia tienen un plazo de un año para el cumplimiento de los CAPI.

“La Ley Crecer Juntos estable una serie de plazos para el cumplimiento de la obligación patronal y también de la responsabilidad del Estado en garantizar estos servicios. El Estado a través de sus instituciones públicas y autónomas tiene un plazo de 12 meses a partir de este momento para el cumplimiento de su obligación patronal”, dijo la directora de la entidad.

Agregó que los centros de atención infantil que funcionan y que se ajustan a las especificaciones que mandata la ley tienen un plazo de seis meses para tramitar la autorización.