Por Redacción YSKL
Ante la construcción de una planta de aguas residuales en el municipio Arambala, los habitantes de las comunidades de El Mozote se pronunciaron este martes, alegando que algunas instituciones ejecutaron dicha obra de “forma inconsulta”, lo que además habría generado que se expropie a de sus tierras a los pobladores de la zona.
“Denunciamos a la Dirección de Obras Municipales, Ministerio de Medio Ambiente, así como la empresa constructora responsable de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en comunidad El Pinalito del municipio Arambala. Dicha planta se ha realizado de forma inconsulta, expropiando terrenos de víctimas de la Masacre El Mozote, en contra de lo estipulado en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012”, indicaron los afectados.
Los pobladores hicieron referencia a la sentencia en la reparación número ocho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfocada en las víctimas de la masacre, en la cual se estipula que “el Estado deberá disponer de los recursos necesarios y suficientes para procurar que las víctimas de desplazamiento forzado puedan reasentarse en condiciones similares a las que se encontraban antes de los hechos en el lugar que ellas libre y voluntariamente indiquen dentro de del departamento de Morazán”.
De igual manera, señalaron que no se les ha brindado información sobre “normas ambientales y de salud”, a las cuales les tendrían que dar cumplimiento los involucrados en el proyecto de construcción, puesto que detallaron que se está ejecutando a una distancia inferior a la establecida por la ley, y, de igual manera, se encuentra cerca de un sistema de agua que abastece a la población.
“En caso de realizar descargas, vendría a contaminar al Río Güilisca, el Río La Joya, ríos que se desembocan en el Río Torola; por lo tanto, es una problemática que dañará la forma de vida de nuestras comunidades”, agregaron.
Por ende, los habitantes de El Pinalito hicieron un llamado a las autoridades pertinentes a tomar en cuenta a las comunidades, detallando con estudios técnicos, las propuestas de construcción de obras que se espera sean en beneficio de la población.
Asimismo, pidieron que se realicen los procesos pertinentes y estudios indispensables, y, además, que garanticen el cumplimiento de lo estipulado en la Sentencia.
