Por: Redacción YSKL
Con 68 votos la Asamblea Legislativa aprobó este martes prorrogar el Régimen de Excepción.
El Gabinete de Seguridad acudió este martes a la Asamblea Legislativa, para presentar la solicitud, la dieciseisava desde su aprobación en marzo de 2022.
La actual normativa vence este 15 de julio próximo y de aprobarse, se prolongará hasta el 17 de agosto de 2023.
Esto surgió como una medida de seguridad para desarticular a las pandillas, y, como resultado de esta medida de seguridad, se informó que la tasa de homicidios en el territorio salvadoreño ha disminuido al 7%.
«Se han analizado todas las aristas pendientes, y que se están por realizar (…) en una reunión del Gabinete de Ministros, se acordó que es el pueblo el que manda, las encuestas de oposición e internacionales demuestran que hay un total respaldo al Régimen de Excepción, quiere decir que si nos debemos al pueblo salvadoreño, la medida debe continuar», expresó el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, durante la presentación del anteproyecto de decreto.
Tras la implementación del régimen de excepción, actualmente se han registrado 71,479 capturados. Además se han registrado los decomisos de 3,001 armas de fuego, 4,690 vehículos y 17,359 teléfonos celulares.
Por otra parte, el gobierno contabiliza, como resultado de la medida, 294 días sin homicidios, de estos, 132 ocurrieron en 2023.
¿En qué consiste el Régimen?
Con el decreto quedan suspendidos por 30 días más los derechos de defensa, artículo 12 inciso segundo de la constitución; el plazo de detención de 72 horas, artículo 13 inciso segundo; y la inviolabilidad de la correspondencia, artículo 24 de la Constitución de la República.
Por otra parte, las autoridades pueden realizar allanamientos e incautaciones de bienes de personas que se considere tengan vinculación de pandillas. Adicionalmente, se les imputará el delito de Agrupaciones Ilícitas.
Liberados
En anteriores entrevistas, Villatoro ha asegurado 142 personas que fueron capturadas como parte del decreto, fallecieron en los centros penales, pero los casos fueron archivados por “no constituir un delito”. Organizaciones como Cristosal, dan cuenta de 153 muertes de personas que no estaban vinculadas a pandillas; mediante dictámenes forenses y periciales, han recogido varias denuncias de violaciones de derechos humanos bajo custodia carcelaria, entre las que figuran torturas, golpes y tratos degradantes.
