Movimiento «Unión Nacional Opositora» piden al TSE inaplicar la reelección presidencial

Por: Redacción YSKL

Representantes de la Unión Nacional Opositora (UNO) llegaron este jueves al Tribunal Supremo Electoral, para interponer una solicitud para que inaplique la inscripción de candidato a Presidente de la República, al actual mandatario Nayib Bukele.

Rafael Garciaguirre, uno de los representantes legales, explicó que los Magistrados están facultados para aplicar el principio de «control difuso», es decir, que pueden no obedecer la resolución de la Sala de lo Constitucional, que habilita la reelección inmediata, ya que según estipula la Carta Magna, son el principal tribunal que norma la materia electoral. Por lo tanto, sus resoluciones son independientes.

Además, alega que la Constitución prohíbe la reelección o postulación al cargo presidencial, en razón de ello, las instituciones de gobierno encargadas de tutelar comicios, pueden no aplicar la inscripción, ya que la legislación en esta materia lo prohíbe.

“En distintas disposiciones la Constitución lo rechaza (reelección), el tribunal tiene facultad para no aplicarla. Además tenemos otro razonamiento: es que el artículo 77 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el tribunal puede no obedecer una sentencia que transgrede a la misma Constitución”, explicó.

UNO pidió que el Tribunal actúe con base a derecho. Garciaguirre señaló que los magistrados usan como excusa las reformas al Código Electoral que sancionan con cárcel la obstaculización de candidaturas para no resolver.

Los Magistrados de la Sala de lo Constitucional emitieron una sentencia que avala la reelección, el 21 de septiembre de 2021. En la misma se establece que si el mandatario de turno «goza de la aprobación de la población» es «la misma población la que debe determinar, si es electo o no».

El 15 de septiembre de ese año, el Presidente Bukele anunció su intención de correr por un segundo mandato.

Un año después la Asamblea Legislativa reformó el Código Electoral, para tipificar como «fraude electoral», la obstaculización de candidaturas por parte de «autoridad y jueces electorales», «particulares» y «autoridades gubernamentales». La disposición establece penas carcelarias por hasta 15 años.