Por: Redacción YSKL
El Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) da cuenta de 222 casos de vulneraciones a la labor, desde que inició el Régimen de Excepción el 27 de marzo 2022.
La cifra se extrae de un nuevo informe que fue presentado por la gremial este lunes 24 de julio.
Hasta el 13 de julio de este año, la APES ha acumulado denuncias en el contexto de la cobertura del Régimen de Excepción, un mecanismo legal que permite la captura masiva de pandilleros, intervención de las telecomunicaciones, registros sin autorización judicial y extensión del plazo de la detención.
«Las principales acciones que hemos detectado que vulnera el ejercicio de la prensa, es cuando en una cobertura policías y soldados detienen arbitrariamente a fotógrafos, reporteros y a partir de ese momento comienza una secuencia que es amenazar a los periodistas con que cooperen y borren material y si no lo hacen serán procesados con el Régimen de Excepción», explicó Gabriel Labrador, directivo de la APES.
La asociación ha detectado además que los periodistas que cubren en régimen (cercos militares, detenciones, redadas y cárceles) son objeto de ataques a partir de publicaciones o investigaciones relacionadas. Entre las que destacan, descrédito, insultos, intimidación y amenazas.
«Cuando hay investigaciones que desnudan cómo se violan derechos humanos en cárceles o cómo se están afectando las comunidades que protestan por su derecho al agua o sus derechos humanos, inmediatamente hay patrones de seguimiento, acoso, hostigamiento a periodistas que publican con nombre y apellido este tipo de publicaciones. Incluso en redes sociales, el periodista publica, y de inmediato se abren procesos por vínculos por pandillas», señaló.
«Hay vulneraciones directa o indirecta, que no es contra el periodista, si no que a la familia; los compañeros se quedan callados, nadie denuncia por la represión y que es peor, a su círculo cercano», indicó Angélica Cárcamo, Presidenta de la APES.
Movilizaciones forzadas
La APES reveló que tienen 17 casos de movilizaciones de comunicadores por amenazas a su trabajo. Algunos traslados han sido dentro del país y otros, han optado por abandonar el territorio, por el riesgo a ser procesado.
«Hay colegas que se tuvieron que cambiar de residencia a nivel interno. Hay un periodista que tiene más de seis meses movilizándose porque los militares lo buscan por un delito que no cometió.
Impactos en salud mental
Los periodistas afirmaron sentir preocupación por la estigmatización social que se está haciendo a la labor periodística. La mayoría realizan su trabajo bajo condiciones laborales difíciles, en la mayoría, con bajo salario y sometido a una fuerte presión.
Las agresiones desde el Estado contra periodistas se extienden a su grupo familiar y social, por lo que los comunicadores optan por cambiar la rutina diaria para no exponer a sus seres queridos.
«Tenemos casos de ansiedad, taquicardias, no solo pasa a periodistas, pero es una presión extrema. Es un hecho que la salud mental, en contextos como el salvadoreño, se deja de último por afectaciones más estridentes y flagrantes», valoró Labrador.
