Por: Redacción YSKL
El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán absolvió este martes a siete defensores del agua de la comunidad la Labor, acusados por los delitos de agresiones y ocupación violenta de los terrenos que son propiedad de la empresa Fénix S.A..
Durante el juicio desarrollado en su contra la Fiscalía no se logró comprobar la existencia de los delitos para Jorge Alberto Artero Zúniga, José David Miro Escalante, Rosa Miriam Cinco, Erika Rosmeri Solórzano de Guerra, Kefin Josué Menéndez Girón, Mario Antonio Cinco y Adonaldo Antonio Artero.
Los defensores, que protestaron por una perforación de pozos sin permisos ambientales, hecha por la Inmobiliaria Fénix en noviembre de 2021, fueron procesados por ocupación ilegal del inmueble. Pero la instancia de Instrucción otorgó un sobreseimiento provisional de un año, mismo que fue apelado ante una Cámara que ordenó que continuara la causa en fase de sentencia.
El Juez decidió otorgar este sobreseimiento porque en Julio del 2021, la Cámara de la Tercera Sección de Occidente, ordenó una serie de medidas cautelares ya que el Ministerio Público no logró sustentar el “concurso de delitos” que había argumentado al inicio del caso. No obstante, la FGR apeló la resolución del Juez de Instrucción de Ahuachapán y propuso revocar el sobreseimiento.
El 29 de noviembre del 2021, el Juzgado 2° de Paz de Ahuachapán decretó Instrucción Formal con Detención provisional contra varios líderes comunales acusados de supuestamente agredir a trabajadores de FÉNIX, quienes realizaban mediciones de agua en la Comunidad La Labor, con el fin de perforar pozos.
Fénix presentó la denuncia alegando que hubo vigilantes lesionados en un terreno que supuestamente es propiedad de la compañía inmobiliaria.
Fénix pretende perforar seis pozos para un proyecto urbanístico denominado “Eco-Terra Hacienda”, en un área de 400 manzanas que se ubica en mantos acuíferos que son aprovechados por 22,000 habitantes de la Hacienda La Labor. La zona es de uso agrícola y con la explotación del recurso hídrico, afectará directamente a 14 comunidades.
Dos informes del Ministerio de Medio Ambiente concluyen que la zona es de alto valor hídrico y denegó los permisos.
