Por Redacción YSKL
Habitantes de la comunidad de Santa Marta y representantes de organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos, se presentaron este viernes ante la Fiscalía General de la República (FGR), para exigir la liberación de los líderes comunitarios, quienes fueron detenidos en enero de este año.
Organizaciones y habitantes de comunidad Santa Marta, presentaron una carta en @FGR_SV pidiendo que se retire la acusación penal para 5 líderes comunitarios que fueron detenidos por el caso de un homicidio sucedido durante el pasado conflicto armado.
Vía @pachequitoyskl pic.twitter.com/Qrs6WS3g7K— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) August 11, 2023
El Director de la Asociación de Desarrollo Comunal de Santa Marta (ADES Santa Marta), Alfredo Leiva, alegó que la Fiscalía «no cuenta con pruebas» por el caso de homicidio que se les atribuye.
«En principio, no tiene pruebas la Fiscalía de lo que se les acusa, y por otro lado, se violan flagrantemente las leyes de Conciliación Nacional. Entonces, esas son las razones por las que ahora nos encontramos aquí», dijeron los miembros comunitarios.
Según detallaron, la FGR ha solicitado una prórroga en la fase de instrucción, aunque «no cuentan con pruebas» para procesar a los cinco imputados por dicho delito, el cual habría ocurrido en 1989.
Los miembros de la comunidad hicieron un llamado a las autoridades pertinentes a liberar a los procesados, puesto que por sus delicados estados de salud y avanzadas edades, no presentan ningún riesgo de fuga.
Previamente, habían denunciado que los parientes de los detenidos llevan siete meses encarcelados “en condiciones inhumanas y bajo reglas del régimen de excepción, aún cuando el caso no tiene relación con pandillas”, por lo que los imputados no han podido contactarse con su familia desde el 18 de enero, y en el caso del abogado defensor, desde el 7 de marzo.
Los imputados fueron encarcelados el pasado 11 de enero de este año, tras ser acusados por la Fiscalía, por los cargos de secuestro y asesinato de María Inés Alvarenga, en la época del conflicto armado.
Según las investigaciones, el 22 de agosto de 1989, los acusados presuntamente irrumpieron en la vivienda de María Inés, la privaron de libertad y la trasladaron a un campamento guerrillero donde la torturaron y la asesinaron, en el cantón Santa Marta, ubicado en el municipio de Victoria, en Cabañas. La víctima habría sido acusada de haber colaborado con el ejército.
La Asociación y pobladores de Santa Marta rechazaron la decisión, alegando que los dos magistrados suplentes, José María Zepeda, y Fernando Pineda Pastor, desestimaron los argumentos expuestos por el magistrado propietario, Martín Rogel Zepeda, quien se apartó del caso “ilegalmente”, dejando en su lugar al segundo magistrado propietario, Santiago Alvarado Ponce.
El fallo concluyó en dos votos en contra de la implementación de medidas sustitutivas, por parte de los magistrados suplentes, y un voto a favor, por parte del propietario.
