Por: Redacción YSKL
Varias organizaciones de derechos humanos presentaron esta semana una solicitud a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para que investigue la forma en que este departamento usa información «poco fidedigna» procedente de gobiernos para tomar decisiones en los procesos migratorios de personas provenientes de esos mismos países.
La denuncia, presentada por Access Now, Cristosal y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, detalla las formas en que el DHS utiliza en sus procesos migratorios información de «fuentes extranjeras poco confiables», como gobiernos denunciados por violar los derechos humanos de sus habitantes.
«Específicamente aborda el caso de El Salvador y cómo los convenios de intercambio de información entre Estados Unidos y ese país perjudican a las personas que van a Estados Unidos escapando de la situación sociopolítica del país. El documento relata historias de personas salvadoreñas directamente impactadas por estos problemáticos programas de intercambio de datos», señalan.
Estados Unidos mantiene varios acuerdos y programas de intercambio de datos con el gobierno de El Salvador, un país que, según los informes que han recabado estas oenegés «vive un deterioro en el cumplimiento y la protección de los derechos humanos de sus habitantes, documentado en informes anuales del Departamento de Estado estadounidense«.
«Apoyamos una investigación exhaustiva para garantizar que a ninguna persona se le deniegue injustamente el asilo basándose en acuerdos de intercambio de datos poco fiables. También pedimos al DHS que ponga fin en lo inmediato a sus acuerdos de intercambio de datos con El Salvador y otros países de América Central acusados de violaciones de derechos humanos», expresó Franco Gigena, analista de políticas para Latinoamérica de Access Now.
Estos acuerdos entre ambos países facilitan el intercambio de datos personales, incluyendo biométricos, de personas acusadas de cometer delitos o de pertenecer a pandillas en El Salvador, a las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, las asociaciones defensoras de derechos humanos aseveran que dichas acusaciones son a menudo producto de persecución política, en la que las autoridades salvadoreñas señalan a personas basándose en acusaciones infundadas.
«Cuando las personas salvadoreñas huyen de su país, pueden tener acusaciones infundadas por su gobierno, que posteriormente son utilizadas por las agencias migratorias estadounidenses para obstaculizar el acceso al asilo y a otras formas de asistencia para perseguidos políticos. Aunque esta información da lugar a graves privaciones de derechos, las personas afectadas rara vez tienen la posibilidad real de revisar o refutar la información utilizada en su contra», expresan.
Por estos procedimientos, Access Now y Cristosal señalan que el DHS ha expulsado a solicitantes de asilo a El Salvador sin darles la oportunidad de apelar la veracidad de las pruebas presentadas contra ellos.
En ese sentido, pidieron revisar los programas de intercambio de datos en el extranjero. Al Congreso estadounidense le solicitaron investigar los «daños causados por la dependencia de los programas extranjeros de intercambio de datos».
