Por: Redacción YSKL
Por segunda ocasión, el Juzgado 1° de Sentencia de San Miguel, suspendió la vista pública del caso San Andrés, donde se juzgaría por primera vez a miembros de «escuadrones de la muerte», que operaron en los años del conflicto armado salvadoreño.
David Morales, Jefe de Justicia Transicional de Cristosal, que acompaña este proceso, afirmó que el juez suspendió la causa, debido a que se está llevando otra audiencia, que no ha concluido.
«Más allá de la suspensión, es lamentable que habiendo pasado 42 años del crimen, y dos años de la reapertura del proceso judicial, se suspenda, más allá de la resolución, es una situación revictimizante, para la familia víctima, hicieron su esfuerzo para estar aquí, hay una expectativa de pronta y cumplida justicia», señaló.
IMPORTANTE: Por segunda ocasión suspendieron la vista pública del caso San Andrés, donde se juzgaría por primera vez a miembros de "escuadrones de la muerte".
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— Cristosal (@Cristosal) August 14, 2023
Los hechos ocurrieron en febrero de 1981 en el cantón San Andrés en San Miguel. Las víctimas son: Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón.
De acuerdo con la acusación, las víctimas fueron sacadas de su vivienda violentamente por sujetos con uniformes y vehículos militares.
Una de las víctimas era el presidente de una cooperativa local, la esposa era una maestra y ambos eran catequistas del cantón San Andrés. Las otras dos víctimas eran estudiantes, jornaleros y otro miembro de la cooperativa “pero ninguno tenía relación con las actividades subversivas de aquel entonces, ni mucho menos con el conflicto armado”, indicó la Fiscalía en su momento.
Supuestamente un “oreja” dio información sobre ellos al C2, una estructura paramilitar que ha sido relacionada con los escuadrones de la muerte. Las cinco personas fueron secuestradas y torturadas, antes de su asesinato, el 7 de abril de 1981.
Fueron encontradas en el municipio El Carmen, a un costado de la carretera a San Alejo, La Unión y algunas estaban mutiladas. Sus cuerpos tenían lesiones de bala y de tortura, según la investigación.
La acusación es en contra de José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavidez Polío, José de la Cruz Orellana Iglesias y Ángel Anibal Alvarado Benítez, este último conocido como “El Chele Aníbal”, quien está prófugo.
En su paso por tribunales, un juez de paz declaró los delitos como lesa humanidad, que elimina la prescripción. A todos se les acusa por los delitos de privación de libertad, asesinato, robo y agrupaciones ilícitas.
Este caso sienta un precedente ya que es el primer caso por delitos de Lesa Humanidad que va a juicio, después de que la Sala de lo Constitucional dejara sin efecto la Ley de Amnistía en 2016, declaró Morales.
