Por Redacción YSKL
El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) emitió un comunicado con relación a la propuesta de ley presentada ante la Asamblea Legislativa, en la cual se comprende su disolución.
“Hasta que entre en vigencia la nueva ley, continuamos desarrollando nuestras labores. Seguiremos desarrollando nuestros programas con nuestros socios estratégicos: Centros de formación, universidades, institutos tecnológicos, ONGs, fundaciones, iglesias, ADESCOS, instructores, facilitadores, equipos psicopedagógicos, personal administrativo, sindicatos, gremiales y organismos internacionales”, recalcó el instituto.
Con base en el anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Integración, se cerraría el INSAFORP junto con el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), para ser consecutivamente reemplazados por una Dirección de Integración, la cual “sucedería en funciones” señala el comunicado.
Comunicado oficial: pic.twitter.com/EozARmEnG1
— Crecimiento Personal (@Insaforpsv) September 4, 2023
El proceso de desarticulación concluiría hasta el 31 de diciembre de este año.
Por su parte, el artículo 1 de la propuesta de normativa indica que “Lo dispuesto en esta ley no sustituirá a los programas regulares de educación profesional y técnica autorizados a cargo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ni a las instituciones de enseñanza universitaria, militares, de rehabilitación física, artes, deportes y emprendimiento. Las disposiciones de esta ley deberán ser interpretadas como complementarias a las normas que regulan tales programas e instituciones”.
Algunas de las funciones que detalla el artículo 4 de la normativa son “generar programas e iniciativas que contribuyan a la disminución de la pobreza; dictar normas, evaluar y aprobar los programas de formación, tanto en el ámbito público como en el privado, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 1 de esta ley”.
Cabe destacar que, a diferencia del instituto de formación personal, el cual cuenta con representación tripartita, la Dirección que le sucedería en funciones contará meramente con representación gubernamental.
La máxima autoridad de la Dirección será un director general, el cual será electo por decisión del presidente del Consejo de la institución. Este último “será nombrado por el Presidente de la República”, aclara la propuesta.
