Por: DW
El llamado fue hecho por el director del despacho del Conadeh, Ricardo López, quien señaló que la institución le ha solicitado a la Secretaría de Seguridad un informe sobre el avance de la investigación de la muerte de las 46 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas).
López pidió a las autoridades de Honduras investigar «a profundidad» la muerte de las 46 mujeres e identificar a los responsables del hecho, ocurrido el pasado 20 de junio. El Conadeh cree que el Estado tiene «la responsabilidad de aclarar, de investigar a profundidad quiénes fueron las personas que cometieron este ilícito y sancionarlas como la Ley lo manda», indicó López.
«Lo importante es que este tipo de hechos no sigan enlutando a la población hondureña y sean un ejemplo para que no vuelva a suceder una situación como ésta, que les quitó la vida a 46 personas y que afectó a otros familiares, hijos, hermanas y madres», subrayó.
Mujeres calcinadas en medio de enfrentamiento entre dos bandas criminales
La muerte de las 46 mujeres en el Cefas, 23 de ellas con armas de fuego y blancas, y las 23 restantes calcinadas en un incendio, es atribuida por las autoridades a un enfrentamiento entre dos bandas criminales.
En noviembre pasado, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, denunció que armas de la Policía Nacional fueron utilizadas en la muerte de 46 presas. «La evidencia científica nos está diciendo que los cartuchos, en un 96 %, son de la Policía Nacional», subrayó Villanueva, quien indicó que algunas armas y municiones utilizadas en la matanza en el Cefas pertenecen a la Policía hondureña.
Las declaraciones de Villanueva podrían «interpretarse jurídicamente como una aceptación tácita del Estado de Honduras respecto a la participación de agentes del orden en la comisión de hechos internacionalmente ilícitos derivados de graves violaciones a derechos humanos, particularmente de potenciales ejecuciones extrajudiciales de ciudadanas mujeres bajo su custodia», señaló el Conadeh.
El sistema penitenciario hondureño está conformado por 25 cárceles, en las que permanecen alrededor de 21.000 privados de libertad, pese a que la capacidad instalada es para unos 15.000 reclusos, según fuentes oficiales.
