Por: VOA
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó este viernes la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre el ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles.
El TSJ, que anunció publicaría las decisiones en el marco del acuerdo de Barbados firmado entre el gobierno y la oposición en octubre, consideró improcedente la solicitud de Capriles que, según dijo, no cumple con los requerimientos firmados y exigidos en el acuerdo “y en consecuencia” está inhabilitado por 15 años para el ejercicio de funciones públicas.
“Remítase el presente expediente al fiscal general de la República por los presuntos hechos graves en que incurrió el prenombrado ciudadano, a fin de que determine las sanciones penales a que haya lugar”, precisa la sentencia publicada el viernes.
Capriles, dos veces candidato presidencial, fue inhabilitado en 2017 “por irregularidades administrativas” presuntamente ocurridas mientras era gobernador del estado Miranda.
Por el contrario, el TSJ decidió habilitar para ejercer cargos públicos al exgobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, al exparlamentario, Richard Mardo y al político Leocenis García, quienes también ejercieron distintos recursos contra sus inhabilitaciones.
En noviembre, Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, divulgó un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
El mecanismo establece que “cada persona inhabilitada” podría ejercer un recurso entre el 1 y el 15 de diciembre contra la medida ante TSJ, que “se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado”.
Tras la firma del acuerdo en Barbados, el gobierno de EEUU emitió licencias generales que autorizan “temporalmente”, algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera venezolana, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados”, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
A finales del mes pasado, el gobierno de Estados Unidos liberó a Alex Saab, un cercano aliado del presidente Nicolás Maduro, como parte de un intercambio por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. Unos 30 venezolanos considerados presos políticos también fueron excarcelados.
En horas recientes el gobierno de EEUU ha expresado preocupación por los actos de persecución política por parte del gobierno contra la disidencia, y advirtió que las acciones contra el acuerdo de Barbados «tendrán consecuencias».
Distintos sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.
