La Audiencia Nacional celebra una vista el próximo miércoles para estudiar su posible entrega
La Corte Internacional de Derechos Humanos ha manifestado su «preocupación» por las «deplorables condiciones» en las que se encuentran los presos en El Salvador
Esta semana, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España extendió un oficio para que no se entregue a El Salvador a un miembro de la pandilla 18, quien fue capturado en la nación ibérica.
«El Ministerio Público ha justificado su decisión a través de un escrito (…) y en el que explica que ‘la situación actual’ en El Salvador ‘resulta ser un compendio de todas las vulneraciones posibles de derechos procesales fundamentales’ y que existe un ‘estado penitenciario calamitoso'», recoge El Periódico de España que tuvo acceso al documento que expidió la autoridad judicial.
Durante la diligencia, que se celebrará el próximo miércoles en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no se juzgarán los delitos presuntamente cometidos por el terrorista, sino que se ponderará si se cumplen las garantías procesales mínimas en El Salvador «para que reciba un juicio justo».
En 2023, el sujeto ya había sido enjuiciado y condenado a tres años y cuatro meses por otro delito cometido en El Salvador.
La Fiscalía sustenta la negativa con las audiencias que ha realizado la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre supuestas violaciones a principios fundamentales de protección de los privados de libertad en las cárceles salvadoreñas.
La CIDH en una audiencia celebrada en septiembre de 2023, a pedido de organizaciones de la sociedad civil, recordó al país que los Estados «tienen el deber jurídico ineludible de […] garantizar la vida, salud e integridad de todas las personas que se encuentren bajo su custodia».
La difusión roja que pesa sobre el pandillero refiere a varios delitos que cometió para la estructura entre 2012 a 2016, cuando fungió como colaborador y posteriormente se convirtió en proveedor de armas y gatillero.
A pesar de que no pudo estar presente durante la celebración del juicio, el hombre de 45 años ya habría sido condenado en El Salvador a tres años y cuatro meses de prisión en abril del año pasado por un delito de agrupación ilícita en perjuicio de la paz pública. El equivalente en España sería un delito de pertenencia a organización criminal.
Sin embargo, y a pesar de que en condiciones normales, y en virtud del acuerdo de extradición entre ambos países, la Fiscalía habría recomendado la entrega del reo.
