Por: Redacción YSKL
El proceso judicial relacionado con la masacre de El Mozote y sitios aledaños, ocurrido durante el conflicto armado salvadoreño, enfrenta críticas por su falta de avances significativos. Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la demora en el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares, señalando problemas en la gestión del caso por parte de las autoridades judiciales.
La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y la Fundación Cristosal han denunciado este martes la paralización del caso desde septiembre de 2021, tras el nombramiento de una nueva jueza de instrucción, Mirtala Portillo. Según estas organizaciones, el cambio de titularidad ha supuesto un retroceso en el proceso, marcado por decisiones que han fragmentado la investigación y retrasado su resolución final.
Una decisión reciente de la jueza responsable separó del proceso principal los casos de desapariciones forzadas de tres niñas: Emelinda Hernández, Ana Julia y Carmelina Ramírez. Las organizaciones sostienen que esta acción disminuye la eficacia de las pruebas acumuladas en el caso general de la masacre, al desvincular elementos críticos relacionados con la operación militar y las responsabilidades de los implicados.
En el caso específico de Emelinda Hernández, los restos exhumados en 2022 fueron restituidos a su madre en noviembre de este año, cerrando un ciclo de duelo postergado. Sin embargo, la decisión judicial de reabrir la investigación por desaparición genera incertidumbre y podría afectar emocionalmente a los familiares.
Según las denuncias, la jueza ha rechazado recursos de impugnación presentados por los representantes de las víctimas, en un contexto que las organizaciones califican de violaciones al debido proceso. Alegan que se han realizado diligencias repetitivas sobre hechos ya probados y que algunas investigaciones se han llevado a cabo sin notificación ni participación de las partes involucradas.
El caso también se ha visto afectado por la incorporación de una investigación relacionada con la aprobación de la ley de amnistía de 1993, lo que ha retrasado el proceso al menos un año. Además, las organizaciones han destacado el incumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la falta de acción de la Asamblea Legislativa para aprobar una Ley Especial de Justicia Transicional.
Con al menos 148 víctimas fallecidas desde la presentación de la denuncia original, las organizaciones exigen el cumplimiento de las sentencias internacionales y nacionales que ordenan justicia y reparaciones. Hacen un llamado a las autoridades judiciales para que aceleren el caso y procedan a su resolución en la etapa de vista pública y sentencia, garantizando así los derechos de las víctimas y sus familiares.
