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Por: Redacción YSKL
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaría preparando acusaciones penales contra el Director de Centros Penales de El Salvador, Osiris Luna Meza y el Director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, según la agencia de noticias Reuters.
A mediados de la semana, los funcionarios salvadoreños fueron mencionados por el Departamento del Tesoro de participar en actividades ilícitas con la MS13, calificada por Washington como una organización terrorista con alcance transnacional.
“Las autoridades estadounidenses están preparando cargos penales contra el viceministro de Justicia de El Salvador, Osiris Luna, y otro alto funcionario, acusándolos de negociar una tregua secreta con las pandillas, dijeron dos fuentes, en medio de crecientes tensiones entre Washington y el gobierno del presidente Nayib Bukele”, indica el reporte de la agencia francesa.
El Tesoro de Estados Unidos los acusó de cerrar un trato con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, en el que las pandillas reducirían la violencia en El Salvador y brindarían respaldo político a cambio de dinero y condiciones penitenciarias más flexibles.
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La investigación está a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan (JTFV), una unidad del Departamento de Justicia establecida en 2019 para coordinar los esfuerzos de las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. para desmantelar la MS-13, que ha logrado avances en ciudades y prisiones de EE. UU., dijeron ambas fuentes. Los funcionarios estadounidenses dicen que las pandillas han ordenado asesinatos en suelo estadounidense desde el interior de las cárceles de El Salvador.
“El gobierno de los EE. UU. reclama una amplia autoridad para enjuiciar por una amplia gama de delitos cometidos en el extranjero, incluidos los actos cometidos por o contra ciudadanos estadounidenses”, se detalla en la publicación.
Si bien el cronograma no se ha finalizado, las acusaciones se esperan en los próximos meses, dijeron las fuentes, que buscaron el anonimato ya que no están autorizadas a hablar públicamente sobre las acusaciones previstas. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) estuvo involucrada en la investigación, aseguró una de ellas.
Las dos fuentes dijeron que los cargos exactos no se han finalizado. La segunda fuente dijo que probablemente se centrarán en prácticas corruptas y en asociarse con grupos responsables de crímenes violentos, por lo que se infiere que se solicitaría a El Salvador la respectiva extradición.
Las autoridades estadounidenses también descubrieron que la pandilla MS-13 había golpeado a un agente del FBI cuando interceptaron un pequeño trozo de papel, conocido como «wila», que las pandillas utilizan para transmitir mensajes codificados a sus miembros fuera de las cárceles. El agente huyó de El Salvador con su familia, según la primera fuente.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Luna y Marroquín bajo la Ley Global Magnitsky sobre la Responsabilidad de Derechos Humanos.
Luna y Marroquín, expone el comunicado del Tesoro, «son responsables o cómplices de, o han participado directa o indirectamente en la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el sobornos».
EE.UU. además asegura que durante la pandemia generada por la propagación del COVID-19, Luna negoció un acuerdo con líderes de pandillas de la MS-13 y Barrio 18 «para el apoyo de las pandillas a la cuarentena nacional del presidente Bukele en las áreas controladas por las pandillas».
Por otra parte, señala que Luna participó en un plan para «robar y revender productos básicos comprados por el gobierno que originalmente estaban destinados al alivio de la pandemia de COVID-19».
Estos artículos, según el comunicado, «fueron transferidos a empresas privadas y luego se revenden en el mercado privado o se devuelven al Gobierno» y que, incluso, la madre de Luna, Alma Yanira Meza Olivares (Meza), participó como negociadora en algunas de estas transacciones.
Entre otros temas, dice el Departamento, Luna y su madre participaron de un plan para «malversar millones de dólares del sistema de comisaría penitenciaria de El Salvador» y crearon puestos de trabajo no legales en el sistema penitenciario, en «los que supuestos “empleados” recibirían cheques de pago mensuales y devolverían la mayor parte de las ganancias a Luna y Meza».
