La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Personas con Discapacidad está por finalizar el estudio del proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, y en ese marco hoy se avalaron artículos relativos a garantizar seguridad a las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, desastre, atención en emergencias incluyendo la participación de este sector en planes de emergencia a nivel local.
Es decir que en los artículos 87, 88 y 89, se establecería que una representación de organizaciones de personas con discapacidad deben ser registradas y acreditadas al Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastre, además que el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con discapacidad (CONAIPD) debe integrar la Comisión Nacional de Protección Civil.
Y con el propósito de hacer prevalecer, proteger el respeto pleno de los derechos de estas personas, los diputados también avalaron el artículo 90, para garantizar su participación y acceso a la cultura, recreación, esparcimiento y en actividades deportivas.
Desde esa perspectiva de progresividad, el presidente de esa instancia legislativa, diputado David Reyes (ARENA), externó su optimismo ante la posibilidad de finalizar con el estudio de dicha normativa. «Estoy muy contento porque ya llevamos un porcentaje bien avanzado y creo que en las próximas sesiones, primero Dios, en los próximos 2 o tres meses máximo, estaremos finalizando la discusión de la ley”.
En el mismo orden, la diputada Guisela de Portillo (FMLN) aseguró que “como miembro de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad nos sentimos satisfechos y como grupo parlamentario estamos dando ese apoyo en el análisis y aprobación de cada artículo de esta ley porque el espíritu es garantizar todos los derechos y beneficios a las personas con discapacidad”.
En reuniones anteriores, se ha alcanzado consenso en artículos que contemplan el derecho a la salud gratuita -en el sistema hospitalario del país-, educación inclusiva en el nivel básico y superior, acceso a rehabilitación de la persona con discapacidad. Además de consignar que las instituciones públicas deberán asignar un porcentaje de su presupuesto para ejecutar proyectos y programas dirigidos a este sector poblacional; asimismo, las instituciones públicas y privadas deberán ajustar o adecuar su infraestructura e impulsar la señalización con base al diseño universal, entre otros derechos.
