Diputados se retractan y cambiarán nombre y finalidad de la Comisión que investiga declaraciones del Director de Tejido Social.

Durante una reunión extraordinaria este miércoles, la Comisión Especial para investigar las acusaciones vertidas por el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, en contra de los partidos ARENA y FMLN, al aducir que son los responsables del alza de los homicidios del pasado 20 de septiembre. Se establecerá una calendarización de posibles declarantes en este caso, así como la organización del trabajo de esa instancia; además, podrían solicitar información al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y a las entidades responsables de velar por la seguridad en el país, como el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Policía Nacional Civil, entre otros, a fin de indagar el porqué de dicha situación.

Al respecto, los representantes de los grupos parlamentarios que integran esta comisión coincidieron en que es oportuno invitar a todos los que estén relacionados con el tema de seguridad pública; también han acordado que cuando la información que se presente sea muy delicada, las reuniones serán privadas.

“Hay un solo aspecto que nos tiene en la comisión y es las acusaciones contra dos partidos políticos (…) se va a pedir información al Organismo de Inteligencia del Estado, al Ministerio de la Defensa Nacional, al director de la Policía, al ministro de Justicia y Seguridad Pública, de todo lo que tenga que ver con el tema de la violencia en el país, se va a pedir incluso cuál es la versión o la certificación de que las órdenes venían del exterior, que digan de qué número telefónico, es decir, profundizar en total y luego tomar la decisión misma que de acuerdo a la ley le corresponde a la comisión y a la Asamblea”, sostuvo el relator, diputado Raúl Beltrhan Bonilla (PCN).

El diputado Mauricio Vargas (ARENA) exhortó a no ir más allá del mandato que el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa otorga en el caso de comisiones especiales. “Como partido deseamos que este proceso sea lo más corto posible, que no le demos largas, si hay que trabajar dos veces a la semana o tres veces a la semana sobre esto, hay que hacerlo”. El objetivo, de acuerdo al parlamentario es “no ir más allá de lo que se pretende: la verdad; que las cosas puedan ser clarificadas nada más”.

Por otra parte, los diputados acordaron enviar una nota al Pleno Legislativo para el cambio de nombre de la comisión especial y otras solicitudes. “Se le quita el nombre de acuerdo al artículo 54 del Reglamento Interior cuando dice que la función de una Comisión Especial es investigar asuntos de interés nacional y no personas, entonces no puede llevar el nombre de esta persona aunque él haya vertido estas acusaciones sin ninguna fundamentación, es nada más actualizar con la pieza presentada en el Pleno”, argumentó el coordinador Jorge Mazariego (PDC).

El nombre propuesto y que deberá considerar el Pleno es Comisión Especial para Investigar los Planes de Seguridad Pública en el Combate a la Delincuencia, los Homicidios y Desapariciones Sucedidas en el Territorio de la República, Planes de Seguridad sobre los Centros Penales y Bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC), Declaraciones de Funcionarios Públicos sobre el Alza o Baja de Homicidios, y la Incidencia en Estos por los Partidos Políticos.

Los parlamentarios impulsaron la creación de esta Comisión Especial luego de que el pasado martes, en la sesión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, previa convocatoria, se recibió Marroquín para aclarar sobre algunas acusaciones que hiciera en los medios de comunicación días atrás en contra de los partidos de izquierda y derecha, pero el Director de Reconstrucción del Tejido Social, no presentó pruebas de sus señalamientos, a lo cual los Diputados lo calificaron de “farsante”.

La medida fue criticada por el Presidente Nayib Bukele, quien aseguró que la Asamblea incurre en una inconstitucionalidad, al ordenar una investigación de un delito (difamación) que podía interponerse una denuncia en la Fiscalía General de la República, sin optar por la formación de una comisión legislativa.