Los Magistrados que conforman la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador rechazaron los señalamientos de diversos sectores, tras su resolución que reconoce una falta y no delito, el cometido por el Magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Jaime Escalante.
El juez es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de agredir sexualmente a una niña de 10 años, en Tonacatepeque a principios de año. Sin embargo el tribunal se declaró incompetente de procesar a Escalante y trasladó el caso al Juzgado Segundo de Paz de dicha comprensión, para la respectiva sanción.
En ese sentido, las reacciones fueron diversas, desde grupos feministas, organizaciones de derechos humanos, hasta los funcionarios de los Órganos Ejecutivo y Legislativo.
El Tribunal desestimó las denuncias “incluídas las que provienen de los ciudadanos Presidente y Vicepresidente de la República-“, porque constituyen “una clara violación a la independencia judicial y obstaculizan indebidamente nuestra función judicial”, manifestaron en comunicado.
Y es que el mandatario se pronunció el sábado pasado, pidiendo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revisar la sentencia e investigar a los miembros de la Cámara.
Bajo ese argumento, los Magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel enfatizaron que entregarán un aviso e informe a la CSJ y la Relatoría Especial para la Independencia Judicial de la Organización de Naciones Unidas, “por considerar que dichos actos constituyen una interferencia de la actividad judicial, de acuerdo al inciso final del artículo 4 del Código Procesal Penal”.
