Jueza, fiscales y defensa inspeccionarán irregularidades en Presa El Chaparral.

fotografía: El Diario de Hoy

Este viernes, el Juzgado 9° de Instrucción de San Salvador prevé realizar un recorrido por el Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral ubicado en San Luis La Reina, departamento de San Miguel, con el objetivo de verificar la existencia de bienes muebles de la sociedad Astaldi, y corroborar el estado actual de los mismos.

La diligencia se realizará en presencia de representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y abogados defensores del ex presidente Mauricio Funes, el ex presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) José Leopoldo Samour, el empresario José Miguel Antonio Meléndez, mejor conocido como Mecafé, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza (pareja de Funes) y José Efraín Quinteros.

Los delitos atribuidos contra todos son peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y por cohecho propio al representante legal de la constructora ASTALDI, Mario Federico Perasgostine Marocchi, de orígen italiano.

La querella, representada por una delegación del Gobierno salvadoreño, solicitó el pasado 21 de octubre, que decrete el embargo del proyecto, o se autorice la inmovilización de estos.

La jueza afirmó que para responder a la solicitud, primero había que realizar una inspección técnica ocular en la Presa, que tiene más de 10 años de no culminar. La querella pidió que se les impongan la medida cautelar, lo anterior a efecto de verificar la existencia de bienes muebles en la actualidad, así como corroborar el estado actual de los mismos.

Según las investigaciones, ASTALDI recibió de la CEL 105 millones para la terminación de la obra, sin haber realizado las construcciones; que había presentado un nuevo cálculo presupuestario en el año 2011.

Según la investigación fiscal presuntamente hubo un arreglo directo entre el presidente de CEL y el representante de ASTALDI por lineamientos del ex presidente Funes que originó una presunta dádiva de 3.5 millones de dólares, a cambio de seguir inyectando fondos; y la mitad de estos, un total de $40 millones circularon a través de la empresa S.p.a , sucursal El Salvador (propiedad de Mitchelle Guzmán) hacia cuentas del ex mandatario.

La construcción de la obra terminará costando $759.4 millones al cierre de 2020 debido a la ampliación en el plazo de finalización.