La Jueza Noveno de Instrucción de San Salvador, Nora Montoya, realizó una inspección en la presa El Chaparral, ubicada en el municipio de San Luis de La Reina, Departamento de San Miguel, como parte de las investigaciones, del caso donde es procesado el ex presidente Mauricio Funes.
La diligencia se realizó luego que la querella representada por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), solicitó a la Juzgadora que se le autorizara embargar los bienes que dejó la empresa ASTALDI; luego que la Fiscalía General de la República (FGR), mostró pruebas de cómo esta sociedad entregó un soborno de $3.5 millones a Funes y al ex presidente de la autónoma, José Leopoldo Samour para continuar trabajando en la obra, pese a que no la terminaron.
A cambio perpetuar los trabajos, el Ejecutivo inyectó otros $105 millones, bajo otra condición: $40 millones de ese dinero, eran para Funes y su pareja sentimental Ada Mitchell Guzmán, que fue canalizado a su sociedad S.P.A Sucursal El Salvador; para lo que sirvió de intermediario Leopoldo Samour y Miguel Meléndez “Mecafé”, por este caso, los tres son acusados de lavado de dinero y peculado.
Producto de ese acuerdo ASTALDI invirtió en inmuebles cerca de la Presa, que ya fueron inmovilizados por el juzgado de paz de San Luis La Reina.
A la diligencia asistieron representantes judiciales, fiscales, querellantes, pero no se presentó los abogados defensores de ninguno de los acusados.
“Estamos analizando la posibilidad de devolvérsela a CEL en depósito, para que la pueda utilizar; es maquinaria que tiene que dársele mantenimiento”, subrayó la Jueza Montoya.
La Juzgadora dejó entrever que con las inspecciones, hay una posibilidad de que los bienes pasen a CEL.
Por su parte Orlando Quijano, quien es Gerente Legal de CEL, afirmó que buscan que los bienes pasen a la autónoma, “la idea es que se decrete el embargo sobre los mismos, para asegurarnos que esto sirva al menos para recuperar algo de lo que se ha robado en este proyecto a través de los actos de corrupción, señaló.
