La Alianza contra la Privatización del Agua, Mesa por la Soberanía Alimentaria, Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, Movimiento de ONGs para el Desarrollo Solidario de El Salvador (MODES), Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR) catalogaron como “intromisión de órganos”, el ingreso de elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y Policía Nacional Civil (PNC) al salón azul de la Asamblea Legislativa este domingo.
“Desde que inició su gobierno, el Presidente Nayib Bukele ha mostrado un estilo anti-dialogante, autoritario y antidemocrático (…) violaciones al debido proceso y permanente confrontación con los demás órganos del Estado, especialmente contra la Asamblea Legislativa y los partidos políticos ahí representados, sobre todo contra ARENA y -más aún- contra su ex partido FMLN”, manifestó Margarita Posada.
Según Posada, Bukele apeló ilegítimamente a disposiciones del Artículo 167 de la Constitución de la República que no aplican en este caso, pues el Consejo de Ministros “sólo puede convocar a la Asamblea en momentos excepcionales y situaciones de emergencia como guerras o catástrofes naturales.
“La invocación a esta facultad del Ejecutivo es, en este caso, ilegal, tal como lo sostienen todas las instancias que se han pronunciado al respecto FESPAD, PDDH y hasta FUSADES”, enfatizó.
Las organizaciones rechazaron que la convocatoria poseía legalidad.
Además criticaron el llamado a la insurrección que dejó entrever el mandatario, desde el pasado jueves, cuando anunció la sesión extraordinaria: “igualmente reprobable es el llamado presidencial a la insurrección. Tal como lo expresó el ex procurador de derechos humanos David Morales, este derecho -consagrado en el Artículo 87 de nuestra Carta Magna- es para el pueblo, cuando los gobernantes violentan el orden constitucional; y no al revés”.
Sobre la toma de la Fuerza Armada y PNC Posada matizó que constituye en una “una gravísima violación a la institucionalidad”; afirmó que es una ruptura del orden constitucional y representa un golpe contra la democracia.
Las organizaciones condenaron los hechos y piden que la Fiscalía General de la República investigue los delitos cometidos y que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le remarque los límites constitucionales al Presidente.
