El Juzgado décimo de Paz de San Salvador, decidió otorgar medidas alternas a la detención a los auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR) José Isidro Cruz y Wilfredo Aguilar Montesinos, acusados de incumplimiento de deberes en modalidad agravada y actos arbitrarios.
Según la acusación fiscal, los dos profesionales son señalados de eliminar, sin justificación legal, los cuatro hallazgos de posible corrupción en la construcción de la presa El Chaparral.
“En los actos arbitrarios que se le están acusando es que ellos decían que los hallazgos se mantenían, pero se desvanecieron al momento de entregar el informe final”, afirmó la fiscal del caso.
El Ministerio Público tiene reparos en cuatro hallazgos en la ejecución de la obra por parte de las autoridades de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la constructora ASTALDI.
La FGR argumenta que una de esas irregularidades eran en función de la falta de liquidación de provisión y el cargo realizado al costo de inversión de obras civiles del proyecto; otro que desvanecieron fue el uso inadecuado del anticipo de fondos entregados para construir la central.
Otro fue el atraso de ejecución del proyecto construcción de la central hidroeléctrica y la falta de documentación de respaldo para el pago de monto base para la negociación del arreglo directo.
Por todo, la cantidad de las irregularidades suman $161 millones 941 mil 532 dólares y 79 centavos, que simplemente eliminaron del estudio final, a pesar que en el borrador inicial, ya se había indiciado los posibles cometimientos de ilícitos.
Los imputados pasarán a la fase de instrucción con medidas alternas a la detención como no salir del país, firmar cada dos semanas en el tribunal, portarán un brazalete y cancelarán $2,000 dólares en concepto de fianza.
Así lo confirmó la Presidente de la CCR, Carmen Elena Rivas, quien participó del proceso representándose en calidad de “afectada institucional”.
La defensora de uno de los imputados, Bertha de León, aseguró que no hay elementos acusatorios que sostengan la versión de la Fiscalía, “consideramos que el caso está bastante frágil, no se establecen las obligaciones legales que incumplieron”, manifestó.
El juzgado determinó que no informaron “de forma intencional” los hallazgos que ocurrieron, en la administración del ex presidente Mauricio Funes.
Los hechos inician a partir de Diciembre de 2013, con la ejecución del examen especial a la ejecución del contrato Llave en Mano No. CEL-4243-S, suscrito entre CEL y la empresa ASTALDI S. P. A. para la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral, por el período del 5 de enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2011, y a la adjudicación y ejecución del contrato número CEL-4177-S, suscrito entre CEL y el Consorcio Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S. A. y Euroestudios SL, para la prestación de servicios de supervisión a la construcción de la Central Hidroeléctrica de El Chaparral por el período del 5 de enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2013.
El examen especial fue entregado al Director de Auditoría 4, Wilfredo Aguilar Montesinos el 12 de septiembre de 2014, como “Informe Borrador”, dándose lectura de este hasta el 10 de abril de 2015, en donde aún existían los siete hallazgos encontrados por los auditores del Examen Especial.
Pero fue hasta el 12 de junio de 2015, que fue emitido el informe final solamente con dos hallazgos de los cuales fueron caducados de forma completa el primero y de forma parcial el segundo.
