En el marco de la aprobación de los 109 millones para equipar a cuerpos de seguridad, la Asamblea Legislativa convocó este lunes, al Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, para que explicara el contrato para colocar cámaras de video vigilancia en la capital, como parte del proyecto Smart City.
Esto debido a que en el crédito solicitado por el Gobierno, también contempla un componente dedicado a la instalación del mismo sistema, y San Salvador forma parte de la iniciativa. Algunos diputados de ARENA y FMLN señalaron que podría incurrirse en “duplicidad de esfuerzos” entre ambos entes.
Según explicó, el sistema contará con identificación y reconocimiento facial, a través de una red de sensores y conectados a fibra óptica.
Aunque raye con el componente del Gobierno, Muyshondt aclaró que se compartirá las ubicaciones de las cámaras y la información que recojan con las autoridades del ramo de la seguridad.
“Permite recoger una enorme cantidad de data, que llega a un centro de monitoreo, nos sirve para hacer modelos de predictibilidad hacia temas tan variados como dónde poner nuestros agentes del CAM, a horas determinadas que haya necesidad; y que nos servirá para redireccionar nuestros gestores de tránsito y para reportar personas buscadas por las autoridades, o porque se hayan perdido”, indicó.
Sobre el uso de datos, los diputados mostraron su inconformidad, porque habría implicaciones a los derechos individuales por la invasión de la privacidad de los ciudadanos.
El edil señaló de que el sistema ya plantea una medida para quienes hagan uso indebido del circuito: “Si por ejemplo, uno de los operadores de las cámaras las utiliza para ver a qué horas salió su novia de la universidad o su casa, y no hay un incidente reportado alrededor de la persona o del lugar donde está haciendo uso de la cámara, eso manda una alerta y se puede tomar las sanciones correspondientes”.
Muyshondt afirmó que hay desinformación, “alguna por desconocimiento o mala intención” en torno a los 84 millones que invertirá la municipalidad, a un plazo de 15 años, esto con respecto a una denuncia que interpuso Roberto Ocampo de VAMOS, al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por denegar la información del contrato.
“Por obvias razones no podemos compartirla y hacerla pública, porque sería como decirle al crimen organizado ‘miren aquí está nuestra estrategia de seguridad y establecimiento de cámaras, sensores’, como para que ellos puedan saber bien, dónde se pueden mover, cuando se pueden mover”, señaló.
Serán instaladas 1,334 cámaras en 400 puntos de la ciudad y podrá usarlas la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República en sus investigaciones.
La inversión incluye la geolocalización de patrullas y Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), que tendrán cámaras en los uniformes.
Reacción adversa a la falta de legislación para uso de datos personales
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) fue llamado para presentar sus argumentos por este proyecto.
El titular José María Tojeira, expresó que “unas tecnologías (reconocimiento facial) no precisas, se echen a caminar sin estar debidamente reguladas”.
“Es una tecnología imperfecta todavía, que se presta a confusiones, y hay poca legislación para proteger el derecho del ciudadano a la intimidad”, señaló.
Otra preocupación que mostró Tojeira, es la prioridad para equipar a la Fuerza Armada, a lo que podría tratarse de “militarización de la seguridad”, por caer en una inconstitucionalidad al darle atribuciones de seguridad pública a esta institución.
Por su parte Manuel Escalante, Subdirector del IDHUCA, manifestó que el Gobierno “masificará” aún más la seguridad y la vigilancia, y podría irrespetarse derechos humanos.
“Hay que tomar en cuenta que la imagen y la voz de las personas, deben entenderse como datos personales, porque se entiende que son instrumentos que van en la línea de la identidad”, expuso.
Al mismo tiempo hizo el llamado a los diputados a aprobar una ley para regular el resguardo de la información por medio de las tecnologías.
El legislador Donato Vaquerano de ARENA, advirtió que “en algún momento”, el sistema podría ser utilizado para el espionaje gubernamental y que se tiene que legislar para regular el uso de la tecnología.
“Lo que hemos vivido estos días [9 de Febrero] es un irrespeto a los derechos individuales de las personas; es ahí donde vamos a tener que trabajar al unísono de los alcaldes y autoridades que combaten la delincuencia”, puntualizó
