El Presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, explicó que las restricciones implementadas por el Gobierno en los decretos 22 de cuarentena especial, y el 23 del transporte a empleados, causan daño a la población y rompe el compromiso del Ejecutivo para no cerrar la economía.
«El cierre al transporte público equivale al cierre de la economía y eso no fue lo que se acordó con el Gobierno», señaló Simán.
Asimismo, se refirió a que de forma «arbitraria» habían elegido qué productos o servicios pueden producirse y operar, cuando la Asamblea Legislativa en la ley de regulación de aislamiento y cuarentena autorizó las cadenas de producción de alimentos y bebidas.
«Para nuestra sorpresa el Gobierno ayer anunció el decreto 22, donde establece restricciones excesivas a las que estaban autorizadas (movilidad de las personas), violan el decreto 639 y la Constitución», agregó.
El representante de la empresa privada destacó que la gremial no ha acordado nada con el Órgano Ejecutivo en cuanto a la ley de cuarentena ni a las restricciones establecidas en el decreto que comenzó su vigencia este día.
«Por eso ANEP ha venido proponiendo al Gobierno medidas de alivio económica; pero en ningún momento ANEP, ni el sector privado ha negociado ni acordado nada con el Gobierno respecto a ley de cuarentena», aseguró el presidente de la gremial.
Por su parte, como representantes de la empresa privada, Simán expresó que han enviado a Casa Presidencial sus observaciones acerca del decreto 22 y exigen que las medidas sean revertidas.
«Las restricciones aprobadas por el Gobierno, tal como advertimos, han generado abusos y caos, producto de la improvisación y la falta de consulta a los sectores involucrados», expuso la ANEP.
Por lo que reiteraron el apoyo al decreto 21, la cuarentena ya establecida.
Por su parte, el representante de la Cámara Agropecuaria y Agroinsutrial de El Salvador (CAMAGRO), Agustín Martínez “reconocemos que se ha hecho esfuerzos por parte de las autoridades, pero creemos que hay que ver el problema en todos los contextos”, refiriéndose a la actividad productiva del país.
Martínez aseguró que las nuevas medidas afectan el sustento del trabajador, por lo que pidió al Gobierno evaluar los impactos de los procesos de producción y distribución, a fin de que se tomen en cuenta para afectar menos la actividad, que advirtió, se está «perdiendo competitividad».
