«El Presidente tiene que conocer el decreto antes anunciar el veto, la responsabilidad ya no es de la Asamblea Legislativa porque ya dio una ley que contempla la cuarentena»

El Presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, señaló que ante la aprobación de un nuevo decreto en el Parlamento que contempla las cuarentenas, zonas epidémicas, centros de contención y un plan de reapertura económica, un veto presidencial que deje sin un marco legal las actuaciones del Gobierno para atender la pandemia «ya no es responsabilidad de la Asamblea Legislativa porque ya dio una ley que contempla la cuarentena y el aislamiento».

Ponce solicitó al Presidente de la República, Nayib Bukele, a conocer y leer la ley antes de anunciar un veto, ya que «creo que es una de las mejores leyes en esta materia, da certeza a los salvadoreños que vamos a salir algún momento, certeza a los empleadores que podrán abrir sus empresas con protocolos sanitarios», manifestó.

Asimismo, el diputado afirmó que esta Ley especial transitoria para la atención integral de la salud y la reanudación de labores en el marco de la pandemia del COVID-19 ofrece herramientas legales para atender la cuarentena, a través de la regulación de normas sanitarias, la vigilancia de protocolos médicos, control de fondos públicos y la apertura de centros de trabajo.

El legislador reiteró que no se trata de una ley de emergencia, sino de carácter sanitario y añadió que es una ley diferente a la que vence este día sobre la regulación de aislamiento y cuarentena, pues es más integral y tiene alcance en más aspectos.

«El tiene la última palabra. (…) Si hay veto, no habría ley que dé fuerza a las acciones contra la pandemia», agregó.

Este decreto comprende un plan de reapertura económica gradual junto a protocolos, fechas y medidas que deberán implementar las empresas.

La ley también considera las medidas de cuarentena, declaración de zonas epidémicas, centros de contención, el sustento legal que prohibe el despido a trabajadores en cuarentena y la práctica de pruebas de COVID-19 en los centros de atención médica privados.

También establece un comité contralor de las políticas públicas del Gobierno a la atención de la pandemia y la utilización de recursos, de los que deberán rendir informes.